Entre las instituciones mínimas de la democracia que identificó hace casi dos décadas Robert Dahl (La democracia. Taurus, 1999) se encuentran la libertad de expresión y el acceso a fuentes alternativas de información. El profesor de Yale afirmaba que, en una democracia, los ciudadanos deben tener espacio para expresarse sobre los diversos asuntos políticos, incluyendo la crítica al gobierno, al orden socioeconómico o a la ideología prevaleciente, sin temor a sanciones, y que también es presupuesto de la democracia la existencia de diversas fuentes, protegidas por la ley, que no estén bajo control del gobierno o de cualquier grupo que pretenda influir sobre los valores y las actitudes políticas de los ciudadanos.
En la sentencia pronunciada en el proceso de inconstitucionalidad 91-2007 se afirmó que el derecho a la libertad de información “pretende asegurar la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de hechos con relevancia pública, que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su existencia, de manera que, en cuanto miembros de la colectividad, puedan tomar decisiones libres, debidamente informados”, de lo cual derivaría la prohibición de un “ejercicio de la libertad de información con conocimiento de la falsedad del hecho o con un temerario desprecio a la verdad, entendiendo por veracidad la verificación y contrastación de las fuentes de información”.
Sin embargo, vemos cada vez con más frecuencia la divulgación de noticias falsas (fake news), orientada a distorsionar deliberadamente la realidad política para manipular las creencias y emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales; esta es la definición de “posverdad” incorporada en 2017 en el Diccionario de la RAE, un fenómeno propio de la sociedad de la información en el cual internet y las redes sociales, que en buena medida han sustituido a los medios de comunicación tradicionales, aportan a los usuarios información que confirma lo que ya piensan o sienten, en detrimento de hechos contrastados y verificables, apelando más a las emociones que a la razón, a los prejuicios que a la objetividad.
Con un electorado altamente polarizado, la posverdad puede ser determinante en los resultados de un referéndum o una elección presidencial. Es, por tanto, razonable la preocupación sobre sus efectos en el modelo de democracia que configura nuestra Constitución. Y también es razonable el temor de que los esfuerzos de los Estados por controlarlo terminen afectando libertades ciudadanas como la de expresión y la de información.
Desde la sociedad civil se han propuesto iniciativas como la de la Plataforma española en defensa de la libertad de información, integrada por abogados, periodistas, medios y profesores universitarios, entre otros, la cual en su declaración “Contra la posverdad”, incluye, entre otras propuestas: definir de manera consensuada y bajo los principios de libertad de expresión e información, qué deberá considerarse como bulos o noticias falsas y qué como formas legítimas de expresión –sátira y crítica social–; promover campañas de alfabetización mediática y digital, que proporcionen a los ciudadanos herramientas para verificar por sí mismos la fiabilidad de los contenidos; técnicas de verificación respetuosas de los estándares internacionales, como fact-checking bajo criterios de igualdad, apartidismo y transparencia en la metodología y publicación de correcciones; y evitar el Derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas, así como cualquier injerencia estatal en el funcionamiento de los medios.
Poco a poco entramos a un proceso electoral en el cual el riesgo de divulgación de hechos falsos se eleva. Para evitar que la democracia sea minada por la posverdad es fundamental que los ciudadanos demandemos informaciones contrastadas, con base en las cuales podamos tomar decisiones importantes sobre nuestro futuro político.
Exmagistrado de la Sala de lo Constitucional