En enero la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto del Estado para el ejercicio 2018. En ese decreto se autorizó al Órgano Ejecutivo a emitir deuda flotante (Letes) hasta por un 30 % de los ingresos corrientes del Estado.
El objeto de las Letes es cubrir deficiencias temporales de ingresos. Así lo establece el artículo 227 de la Constitución. De manera que no puede ocuparse como un mecanismo ordinario para financiar el déficit presupuestario.
Pero la práctica sistemática es llegar al límite de deuda que puede adquirirse vía Letes y luego, como el Estado no puede pagarla con sus ingresos corrientes (e.g. impuestos), pide al congreso que le autorice emitir bonos (deuda de largo plazo). De ese modo la estrategia histórica ha sido pagar deuda con más deuda.
Esa política se fundamenta en el principio fiscal de Groucho Marx: “¿Pagar la cuenta? ¡Qué costumbre tan absurda!”.
El Estado va por un 70 % de deuda respecto al PIB. En abril el Fondo Monetario Internacional (FMI) encendió la alarma y recomendó que, lejos de aumentar aún más la deuda, lo que corresponde es reducirla hasta al 50 % del PIB. Pero reducir el flujo de dinero nunca es una opción atractiva para los políticos que administran al Estado.
Este año pretenden repetir el ciclo. El gobierno pidió que se le autorice la emisión de US$800 millones en bonos para pagar el saldo de Letes. Sí, siempre se ha hecho así, pero el error no es fuente de Derecho. La Sala de lo Constitucional ya le advirtió al gobierno que esa práctica expresa un vicio de inconstitucionalidad.
En la inconstitucionalidad 1-2017 el tribunal dijo: “Tal manera de utilizar este endeudamiento generalmente ha provocado que el saldo de Letes se acumule progresivamente porque van quedando remanentes que no se liquidan en el correspondiente ejercicio financiero fiscal”. Y eso lo calificó como “un uso excesivo y arbitrario del mecanismo de la deuda flotante para financiar el gasto corriente del Estado fuera del uso constitucionalmente prescrito, que es cubrir deficiencias temporales de ingreso”.
De manera que si los diputados quieren respetar la Constitución, deben rechazar esa emisión de bonos. ¿Qué opción le quedaría al gobierno? Disciplinarse.
Si este año —apenas meses después de haber recibido la advertencia de la Sala de lo Constitucional y del FMI— el gobierno volvió a hacer un “uso excesivo y arbitrario” de las Letes, hoy debe asumir su responsabilidad y pagarlas con sus ingresos corrientes. Eso, ineludiblemente, supondría reducir el gasto público. Y ahí es donde los políticos no quieren llegar.
La opción de siempre es que sea usted quien se ajuste el cinturón, ya sea pagando más impuestos, o asumiendo más deuda (que son impuestos que pagará en el futuro). Pero si se propone que el Estado asuma el sacrificio, se desempolva la excusa usual: sacrificaríamos el gasto social.
Ya el expresidente Saca usaba ese argumento cuando, con tal de eludir la posibilidad de ajustarse el cinturón, nos legó la “solución creativa” del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (que a la fecha sigue consumiendo sus ahorros de pensiones). Mientras nos decía que no podía reducir el gasto social, saqueaba parte del dinero que usted dejaba de entregarle a su familia para entregárselo al Estado.
Si nuevamente pretenden pagar el saldo de Letes con más deuda, lo que proponen es que, otra vez, sea usted quien pague la cuenta, y no el Estado. En estos días en que se ha revelado lo fácil que es hacer fiesta con la partida presidencial de gastos reservados, esa iniciativa, más allá de ser inconstitucional, expresa cinismo.
Abogado
@dolmedosanchez