Tacuscalco, ubicado entre los municipios de Nahulingo y Sonsonate, es un sitio arqueológico de mucho valor cultural, con una historia que inicia 1000 años a.C., que abarca elementos relevantes como la conquista del territorio, liderada por Pedro de Alvarado, y la resistencia indígena en el país. Su importancia fue reconocida oficialmente en 1997 mediante la declaratoria de Bien Cultural de un espacio de 45 manzanas de terreno. En el último año, una empresa con permisos de construcción, pero desacatando múltiples órdenes de paro de obra legalmente válidas, destruyó una parte importante de restos arqueológicos pertenecientes a los límites culturales de Tacuscalco, ubicados en terrenos aledaños a la zona declarada como Bien Cultural.
Después de estudiar el caso, mi conclusión es que perdimos todos. Se destruyó nuestro patrimonio. La construcción de muchas viviendas ha sido detenida. Hay varias demandas en el sistema judicial que implican recursos y desgaste para todos los involucrados.
¿Qué falló? Bastante.
Es evidente la falta de respeto a la autoridad y a las leyes. La destrucción continua y consciente de los vestigios arqueológicos que la empresa realizó durante meses es inaceptable y, muy probablemente, criminal. Autoridades municipales, la empresa constructora y los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa creada para investigar el caso, hicieron caso omiso de la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural. No se quiere reconocer que la protección del patrimonio es una obligación.
En general, es evidente el desprecio por nuestro patrimonio cultural. A pesar de la importancia de Tacuscalco, éste está básicamente abandonado. Una parte del sitio fue declarado Bien Cultural, pero el terreno nunca fue adquirido, sigue en manos privadas. No existe allí ningún tipo de presencia del Estado. La construcción ha sido detenida con base en un procedimiento relacionado con el medio ambiente, no por daños al patrimonio. Las continuas, cuatro en total, solicitudes y órdenes de paro de la construcción emitidas por el Ministerio de Cultura fueron ignoradas.
Fallaron muchos funcionarios públicos. La Ley de Protección y el reglamento relacionado tienen problemas. Representantes del Ministerio de Cultura se quejan al respecto, ¿por qué no promovieron, en su momento, las reformas requeridas? Hay indicios y señalamientos que este ministerio y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no han actuado de forma transparente. Los consejos municipales de Nahulingo y Sonsonate y los miembros de la Oficina de Desarrollo Urbano del Área Metropolitana de Sonsonate autorizaron una construcción que no cumplía con los requisitos exigidos por la ley. Y muy probablemente lo sabían (concejales de al menos una de las alcaldías renunciaron). ¿Por qué ninguna autoridad hizo efectivos los paros de obra? Ni la PNC ni la Fiscalía se hicieron cargo de hacer valer la ley en este caso.
Los miembros de la Comisión Especial que se formó para investigar el caso se equivocaron (con dolo o sin él). La “interpretación auténtica” de la Ley de Patrimonio que promovieron y aprobaron es a todas luces una mala solución que carece de lógica y contradice la Constitución, la misma Ley y varios tratados internacionales de obligatorio cumplimiento. Lo anterior ha sido señalado correctamente no solo en el veto del presidente sino por diputados de varios partidos políticos. La medida dejaba totalmente desprotegido nuestro patrimonio cultural, pero también a los ciudadanos porque los exponía a demandas y sanciones por destrucción del patrimonio. El informe que se aprobó en respuesta al veto presidencial tiene deficiencias y, francamente hablando, también tiene mentiras.
Pero no todo falló. Los ciudadanos y los periodistas que denunciaron y han estado atentos al proceso han funcionado dentro de lo que cabe. Sin sus acciones, muy probablemente ni nos hubiéramos enterado del caso. Y también algunos funcionarios que han intentado hacer valer la Ley (lo cual es su responsabilidad): juezas, representantes del MARN y del Ministerio de Cultura y algunos diputados.
¿Qué podemos hacer? Primero, hay que reconocer que ambos derechos en pugna, la protección del patrimonio y la seguridad jurídica, son constitucionales e importantes. Pero valgan dos aclaraciones y una opinión. Por un lado, seguridad jurídica no quiere decir proteger o siquiera fomentar las inversiones privadas solo porque sí. Seguridad jurídica es poder conocer y tener certeza de lo que la ley establece como permitido o prohibido y cuáles son los procedimientos relacionados a cada caso. Adicionalmente, el artículo 246 de la Constitución establece que el interés público primará sobre el interés privado. Pero, por otro lado, en El Salvador hay vestigios arqueológicos a lo largo y ancho de todo el territorio. No podemos pretender que vamos a proteger todo, esto no es posible, conveniente ni necesario. No debería afectar de forma generalizada y sin sentido la construcción.
Segundo, más educación. Tenemos que aprender a valorar nuestra historia, nuestro patrimonio, y su importancia. Esto es responsabilidad principalmente del Ministerio de Cultura y el de Educación, pero también de todos los demás actores que trabajamos en el sector cultural: museos, investigadores, universidades, gestores. También debemos entender la naturaleza del patrimonio, especialmente arqueológico, para considerar adecuadamente las implicaciones que tiene para los procesos legales. Sin hacer excavaciones exploratorias resulta imposible saber adónde hay vestigios y mucho menos cuáles son de un valor suficiente que amerite una protección especial. Esto es incierto y afecta a las construcciones, pero no equivale a inseguridad jurídica. Debe considerarse como parte del proceso.
Tercero, más responsabilidad, no más corrupción. De todos. Las empresas, los funcionarios, los ciudadanos en general. Ya basta. Tenemos leyes y las tenemos que cumplir, aunque no nos guste. Y finalmente, sensatez. Hay que reformar la Ley y el reglamento relacionado para corregir los problemas que tiene. Y en ese afán habrá que atender los dos derechos que entran en juego en estos casos: la protección de nuestro patrimonio y también la seguridad jurídica. Cualquier potestad de limitar la libertad de los ciudadanos, incluida las relacionadas a la protección del bien común, debe acompañarse por una forma clara de cómo ese poder debe ser administrado de forma responsable y sensata.
Licenciatura en Conservación de Patrimonio Cultural y Diplomados:
Desarrollo Cultural; Gestión Cultural.