El combate a la corrupción sigue influenciando las campañas electorales. No puede ser de otro modo. Los escándalos son de tal magnitud que todo aquello que contribuya a la erradicación de este flagelo encontrará tierra fértil en los electores. Entre los candidatos hay quienes presentan todo tipo de medidas. La lista es larga y la mayoría de propuestas refuerzan los instrumentos legales ya existentes. Son recomendaciones que evocan el discurso de la ciudadanía en contra de la deshonestidad y la falta de probidad.
El motivo de estas promesas, en tiempos de campaña, es de índole estrictamente electoral. La verdadera intención de los aspirantes a la presidencia en esta materia se revelará en la práctica de sus funciones como titulares del poder político. Mientras tanto sus ofrecimientos se traducen en manifestaciones de interés sin sustento alguno. Los presidenciables y sus equipos saben que la mayoría de sus planteamientos anticorrupción necesitarán de leyes para su correcta aplicación. Esta realidad pasa por reconocer que no basta con ganar las elecciones, también son obligatorios los respaldos legislativos. El que triunfe en 2019 tendrá que lidiar con una Asamblea en la que los consensos dependen de la habilidad para construir alianzas.
En lugar de sugerencias para erradicar el desfalco de los fondos públicos, que son necesarias e indispensables pero que están sujetas a la decisión de otros Órganos de Estado, durante este periodo, antes de los comicios, los candidatos deben manifestar, de manera explícita, su convicción en favor de la transparencia.
Lo pueden hacer con acciones concretas. La publicación de su declaración patrimonial y la de su grupo familiar, la revelación del origen del dinero utilizado para financiar su campaña y la identificación de sus donantes significarían una evidencia clara de sus propósitos. También abonaría a esta finalidad el nombramiento, dentro de su grupo de asesores, de las personas que se han distinguido por una trayectoria profesional o empresarial intachable y que no han tenido reparo, tratándose de hombres o mujeres que han ejercido el servicio público, en que les auditen sus cuentas. Un indicio adicional de su fiel compromiso con la integridad podría ser la obligación de sus consejeros más cercanos de mostrar al público su patrimonio. Las anteriores son algunas de las señales que comprobarían la sinceridad de las pretensiones de los candidatos por alcanzar la presidencia de la República y desempeñar el puesto con la decencia y moralidad que le son inherentes.
Por otra parte, una de las iniciativas que regresó a la palestra pública es la instalación de una comisión internacional en contra de la corrupción similar a la CICIG de Guatemala o a la MACCIH de Honduras. En su momento reflexionamos en este espacio de opinión acerca de las condiciones para la creación de estas instancias. Nos referimos al régimen jurídico que ha de regirlos y a la imprescindible disposición política de los partidos para su instauración. A diferencia de ambos casos, en El Salvador la Fiscalía General de la República ha procesado a expresidentes, funcionarios y particulares por actos de corrupción.
Ciertamente será un buen tema para el debate en los meses que se aproximan. ¿Conviene gestionar un modelo semejante al guatemalteco y al hondureño? ¿No será más eficaz reforzar a la FGR y, en general, a los entes que controlan el uso de los fondos públicos? El éxito de la CICIG y de la MACCIH ha dependido, en gran medida, de la buena coordinación con el titular del Ministerio Público. Una mala elección del Fiscal General prácticamente neutralizaría las funciones de estas comisiones ¿No debería, al mismo tiempo que se discute el establecimiento de este organismo, revisarse el mecanismo de elección de segundo grado de funcionarios e incluir sanciones por el retraso en su designación? ¿Qué se puede esperar si en la actualidad la investidura de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acumula una demora de más de cincuenta días?
Lo correcto en estos tiempos es enfrentar los problemas de la gente con responsabilidad, pragmatismo y veracidad. Atacar la corrupción con estrategias “electoreras”, de la misma forma como se ha venido haciendo desde hace décadas con la seguridad pública, solo provocará más frustración y enojo ciudadano.
Doctor en Derecho
y politólogo