El viernes 25 de agosto tuvo lugar una plenaria legislativa, en la que los partidos del bloque de derecha ARENA, PCN, y PDC, con sus votos en la comisión política, aprobaron el día previo, dictamen favorable para proponer al pleno la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Todos sabemos el resultado: a la fecha, después de 50 días, seguimos sin Sala de lo Constitucional, y sin lograr integrar Corte Plena con sus 15 magistrados.
Ese día pudimos presenciar cómo se expresaron los diputados del FMLN y el partido GANA, sin cuyos votos la elección es imposible, quienes a través de los diputados Nidia Díaz y Mario Tenorio, respectivamente, coincidieron en que acompañaban los cinco nombres propuestos como magistrados propietarios, Aldo Cader, Carlos Sánchez, Alex Marroquín, Carlos Avilés y Sonia de Madriz; pero no en la distribución o forma de repartir los cargos. La propuesta del bloque de derecha colocaba a los primeros cuatro en la Sala de lo Constitucional. No es la propuesta ideal, pero era aceptable.
El problema radica en que GANA, secundado por el FMLN, ha venido exigiendo en la Sala de lo Constitucional a Sonia de Madriz. No hay duda de que esta postura cerrada, compartida por ambos partidos, obedece a una alianza legislativa con fines nada transparentes pero entendibles: exigen cuota en el tribunal constitucional, algo a lo que no están dispuestos a ceder por nada.
Si bien es cierto, trascendió el viernes anterior que GANA ahora propuso para la Sala de lo Constitucional a la jueza Marina de Torrento, persisten en que Sonia de Madriz sea inamovible y vaya a otra Sala, lo que parece más bien —viniendo de GANA— una estrategia poco sincera. Dicha candidata es muy capaz, y fue la más votada en las elecciones de Fedaes, pero, ¿cuenta con el apoyo de los otros partidos? ¿No será más bien un intento de desgastar su candidatura en beneficio de quien realmente les interesa?
A estas alturas ha quedado claro que para el partido GANA, todo es un tema de simples cuotas. Para despejar la duda, ya lo expresó el diputado Gallegos en diversos medios: que la licenciada de Madriz no solo goza de su simpatía, sino que es “su propuesta”, “su candidata para la Sala”. Y si no bastara, aseveró —sin ruborizarse— en un medio televisivo, “que quizás no les ha hecho algún favor a diputados de los partidos que se oponen a su nombramiento, y por ello están molestos”. ¿Qué insinúa?
El diputado Numan Salgado, por su parte, en otro momento de reveladora sinceridad, confirmó que la procuradora era cuota de GANA. Muy poco favor, la verdad, le hacen estos diputados a los candidatos que proponen. Ante ello, uno se cuestiona: ¿por qué ahora que proponen a Marina de Torrento y además insisten en que la Procuradora permanezca entre los cinco magistrados propietarios?
¿Hasta cuándo nos mantendrá la Asamblea Legislativa sin Sala de lo Constitucional, violentando con ello la Constitución y los derechos fundamentales de la ciudadanía? ¿Qué rol juega el candidato Nayib Bukele en su partido GANA ante tal posición intransigente, cuando por otro lado ha demostrado haber llegado a dicho partido a cambiar desde precandidatos hasta el color de su bandera? ¿Qué harán los demás partidos políticos para desentrampar esta elección? ¿Buscan un combo con la elección del Fiscal? Todas las anteriores preguntas y más no encuentran aún respuesta; pero lo cierto es que hoy, por acción u omisión, todos los diputados son responsables de la falta de tutela de los derechos fundamentales, y la afectación al equilibrio democrático que descansa en la separación de poderes, pilar del Estado de Derecho.
Todo abogado merece aspirar a ocupar la más elevada magistratura en la Corte Suprema de Justicia, pero para ello se requiere hacer gala de una moralidad y capacidad no solo suficiente, sino notoria. Cabe entonces también preguntarse, ¿si los diputados no ceden, quién lo hará? Esta interrogante queda hecha solo al oído de más de algún candidato o candidata a magistrado. ¿Se escuchará?
Abogado y notario