Desde hace muchos años se han escuchado historias sobre acosos sexuales a mujeres, historias que se han detenido frente a sonrisas frías y gestos de incredulidad. Tenía que dársele tiempo a que el pensamiento social salvadoreño evolucionara gracias a la difusión masiva de información. Y ahora estamos aquí, observando mayor número y frecuentes acusaciones y a los medios de comunicación siguiendo estos casos. En hora buena.
Sin embargo, el primer denunciado en estos casos debería ser el aparato estatal, ya que ha sido este y no otro el que ha creado en mucho las condiciones básicas para que el acoso encuentre su espacio de acción.
De acuerdo con la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo, el acoso sexual es la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Ese entorno degradante e intimidatorio y demás ha sido promovido, en suficiencia, por el Estado, en múltiples ámbitos donde no ha ejercido vigilancia y control de sus funcionarios y empleados públicos, tal es el caso de la Universidad de El Salvador y los hospitales públicos, como se lee en noticias recientes.
Específicamente en el mundo hospitalario, el Estado no ha normado adecuadamente las condiciones laborales y académicas de los estudiantes de Medicina y Odontología, quienes además de ser estudiantes, son trabajadores de salud explotados por horarios excesivos y condiciones de trabajo infrahumanas en dichos nosocomios; caldo perfecto para que personas trastornadas mentalmente, activen en su imaginación el intento de seducción y luego lo materialicen a partir de un proceso mental complejo hacia la conquista de su objeto.
En otros ámbitos, como el académico, no ha creado normas que obliguen evaluar psicológicamente a sus funcionarios, maestros y empleados para detectar quiénes tienen las características y antecedentes de acosadores sexuales y descartarlos de esas posiciones laborales de poder. Incluso, no ha creado normas que sancionen administrativamente a los funcionarios que reciben denuncias de este delito sin realizar actividad, sanciones que deberían recaer sobre su patrimonio personal como estímulo a cumplir con sus obligaciones.
Y es que los especialistas en Psicología ya determinaron las características del acosador: Obsesivos que buscan someter a sus víctimas a través de insinuaciones donde su objetivo no siempre es sexual, sino más bien, poder; deseosos de control, dominio, humillación y sometimiento de su víctima para luego despreciarla y así llenar sus vacíos; incapaces de canalizar su sexualidad porque son inmaduros, impulsivos e inestables; algunos sienten placer por el solo acto de incomodar; ausentes de valores y estabilidad emocional con una personalidad difícil de definir; necesitados de someter a la “amada” quien tiene que aceptar no oponerse a sus deseos; con baja autoestima que busca ser compensada con la sensación de control y poder, inferioridad que buscan borrar haciendo sentir menos a la víctima; buscadores de aparente superioridad con la violencia y aparente dominio sobre la víctima.
Siendo que la enorme mayoría de víctimas son mujeres, y la necesidad imperiosa en países de tercer mundo como es El Salvador, de que el sexo femenino tenga oportunidades de trabajo para que se aleje de la pobreza, es necesario que el Estado emita normativas que las protejan y prevengan este delito y que una vez emitida la normativa la hagan cumplir.
Para finalizar, aprovecho este tema para recordar a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa que está en sus manos el aprobar el proyecto de la “Ley Reguladora de las Actividades Laborales del Personal de Salud que Realiza Año de Internado Rotatorio, Servicio Comunitario y Residentado dentro de la profesión médica y odontológica”, la cual tiene como fin teleológico, entre otras cosas, eliminar, en mucho, ese entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo que promueve el acoso sexual de los detentadores de algún poder sobre el personal de salud.
Médica, nutrióloga
y abogada