Cito un artículo de Pemán, escrito hace más de setenta años, en el que con el título “Posturas unilaterales y falsas” se dirige a algunos de sus compatriotas que demonizaban la Conquista de América: “A los conquistadores, geniales como tipos humanos, como valores morales, no hay que divinizarlos, sino entenderlos. Luego, en la práctica ordinaria, muchos de estos hombres se extralimitaban en su oficio y eran crueles o ambiciosos. Bien. ¿Pero no son también españoles los fiscales que los denunciaron? ¿No son también españoles los reyes, arzobispos y jurisconsultos que les dictaron unas normas tan humanísimas para su obra? ¿Por qué hemos de empeñarnos los españoles en ser nada más que hijos de los Alvarados y Pizarros y no de los Motolinias y Las Casas?”.
A continuación, resaltaba Pemán que esta actitud cerril y unilateral acababa a la postre beneficiando a los propagadores de la Leyenda Negra, que con tal de “maldecir de nuestros conquistadores”, se apropiaban de estos “frailecitos y arzobispos gruñones y denunciadores”, utilizándolos de forma retorcida para llevar el agua a su molino.
El argumento está cargado de mucho sentido común. Lo traigo a cuento al ver el tratamiento que en los medios de comunicación, y en sus adláteres más notorios, las redes sociales, se ha dado al informe del Gran Jurado de Pensilvania sobre abusos sexuales perpetrados por clérigos en seis diócesis de ese Estado, en un periodo de setenta años.
Un proceso que más que aportar datos inéditos no hace más que confirmar lo que se sabe con certeza desde el año 2002: que también en estas seis diócesis una minoría significativa de clérigos cometió abusos sexuales, en su mayoría contra varones; que a su vez, los obispos no supieron escuchar a las víctimas y pretendieron gestionar la crisis con silencios, traslados y dilaciones… nada nuevo. Pero hay en el informe un punto muy importante -que suelen omitir con más o menos mala fe-: que tras las medidas tomadas desde la Santa Sede desde 2002, hay muchos menos nuevos casos de esos hechos tan lamentables.
Un informe de Gran Jurado es un tecnicismo legal de la jurisprudencia norteamericana, que se utiliza para determinar si hay materia suficiente para iniciar un juicio. En el caso del informe de marras hay pocas probabilidades de que se lleve a cabo, pues una parte importante de los culpables ha fallecido, hay casos ya procesados, y bastantes de los delitos han prescrito.
Es innegable que en el pasado hubo una praxis equivocada por parte de algunos obispos al enfrentar estos delitos, pero no es menos cierto que a partir del año 2002 la Iglesia ha cambiado sus procedimientos: un solo caso probado lleva a que el culpable no vuelva nunca a ejercer el ministerio. La pena puede incluir la pérdida del estado clerical. Los delitos prescriben diez años después de que la víctima cumpla 18 años. Las normas dicen también que los obispos cumplirán las leyes civiles aplicables sobre comunicación de las denuncias a los poderes públicos. Amén de una revisión a fondo de la formación en los seminarios e instituciones, de la idoneidad de los candidatos al sacerdocio, etc.
Sigamos con Pemán: el mismo reino que en su tiempo produjo abusos y rapiña, tuvo la fortaleza moral e institucional para corregir los desmanes de sus malos hijos. Pero los que no quieren verlo, no lo ven; como paralelamente sucede con la Iglesia, que no solo ha pedido perdón y disculpa, sino que también ha cambiado muchas cosas para “erradicar este flagelo sin importar el costo moral o de sufrimiento que esto implique”, como explícitamente dijo el Papa en Irlanda.
Escandalizarse por los abusos, y callar sobre las medidas correctivas y penales vigentes es, por decir lo menos, irresponsable, si no malicioso por parte de quienes atacan sistemáticamente la Iglesia.
Ingeniero
@carlosmayorare