Del caso Saca se han desprendido diversas preguntas que inundan las redes sociales: ¿Es una condena proporcional? ¿Qué sucedió con el resto del dinero? ¿Es esto justicia? Sin embargo, más allá del contexto a corto plazo, también deberíamos cuestionarnos el futuro y preguntarnos ¿Cómo evitar o al menos mitigar de forma drástica la corrupción por parte de los funcionarios públicos? Sin duda debe reconocerse como punto de partida que la institucionalidad ha fallado, el sistema de control compuesto por la CCR, Sección de Probidad, Hacienda, FGR, partidos políticos, entre otros, dejan entrever su debilidad tanto a nivel técnico-legal como a nivel ético.
Un ejemplo que cabe destacar dentro de la región de América Latina es Chile, un Estado que luego de verse sometido a escándalos asociados con actos de corrupción, tales como: sobresueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, pago de sobresueldos a ministros con fondos reservados de la presidencia y el uso de recursos públicos en campañas políticas; decidió impulsar una agenda de transparencia desde el año 2003, bajo la presidencia de Ricardo Lagos. El hito o la parte relevante de esta referencia, fue el acuerdo común entre la oposición y el gobierno, así como de todos los partidos políticos de dar paso a cambios que fomentaran la transparencia en la administración Estatal y la actividad política.
En el 2006, bajo el gobierno de Bachelet, se retomó el consenso de los partidos y llevó a plantear una Agenda por la Probidad y Transparencia (APT), dando así continuidad a una política de Estado que ha venido dando frutos como la creación de un Servicio Civil y Alta Dirección Pública, transparencia fiscal, evaluación de resultados en la gestión financiera del sector público, transparencia en el financiamiento de campañas políticas, regulación del lobby, buen desempeño de la labor parlamentaria, entre otros. El más destacado de los efectos del acuerdo político, es la obligación de los funcionarios públicos de dar estricto cumplimiento al principio de probidad en cada una de sus actuaciones, lo cual se ha logrado instalar como parte de una cultura transversal en la administración pública, sustentada en la legislación secundaria y la Constitución Política de Chile.
Todo lo anterior se ve reflejado en algunos números. Por ejemplo, de acuerdo con el Corruption Perception Index elaborado por Transparencia Internacional para el año 2017, que recoge anualmente la percepción de corrupción en el sector público, Chile se ubicó en el puesto 26 a nivel global liderando junto a Uruguay (puesto 23) la región, mientras que El Salvador se ubicó en el puesto 112 llegando a estar incluso por debajo de países como Bolivia. Otro dato importante es la percepción ciudadana sobre el tema, en donde El Salvador aparece junto con Venezuela como los países con las percepciones más pesimistas en la lucha contra la corrupción en la región para los últimos dos años de acuerdo con el informe Latinobarómetro 2017.
Bajo toda esta lógica, los partidos políticos juegan un papel trascendental a la hora de marcar una lucha contra la corrupción, pero parecen ser los grandes ausentes en el banquillo de los acusados cuando omiten establecer políticas de Estado y acuerdos comunes que fortalezcan el sistema de control, el cual evidentemente ha fallado en los últimos tres períodos presidenciales. De esta forma, mientras la CCR, la Sala de lo Constitucional y la Sección de Probidad se configuran a la “medida” desde los intereses partidarios en la Asamblea Legislativa y no desde la meritocracia con una visión consensuada de transparencia y probidad para el fortalecimiento institucional, la corrupción persistirá para agravar a los grupos más vulnerables y beneficiar a unos pocos, entre ellos, a los mismos partidos políticos.
Exdirector de
TECHO El Salvador