El 3 de julio recién pasado el Presidente de la República presentó a la Asamblea el proyecto de la Ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador con el propósito de establecer un régimen jurídico diferente para esta región, que incluiría, además del Puerto de la Unión, un área adicional cuya área se calcula como el 20 % del territorio nacional. Al mismo tiempo, ha trascendido que, en un ambiente de gran secreto, el gobierno ha estado teniendo extensas discusiones con China en relación con un arreglo involucrando esta Zona Económica Especial (ZEE). Ha habido varios funcionarios chinos en el país y funcionarios salvadoreños en China. Aunque el gobierno no ha dado declaraciones oficiales en este respecto, es fácil sumar dos más dos y concluir que ambas acciones están relacionadas. Es obvio que el gobierno pretende crear esta ZEE para dársela a China para que la maneje y la explote, gozando de los privilegios que el proyecto de ley establece.
Estas acciones del gobierno plantean muchos temas que es conveniente separar para discutirlos. En este artículo menciono algunos de ellos.
La idea de crear ZEE transformándolas de ser una parte integral del país a ser el dominio de una junta directiva es una idea muy mala a la que se no se le puede hallar racionalidad. De acuerdo con el proyecto de ley, sería un área en la que el gobierno establecería condiciones e incentivos favorables para la participación del sector privado, que incluirían la implementación de “un modelo de gestión de los procesos administrativos y de tramitología para la autorización y operaciones que facilite el comercio y la inversión nacional y extranjera en dicha zona”. Pero, si esto fuera cierto, se vuelve imposible justificar la creación de la zona, porque, si el gobierno sabe cómo crear estas condiciones, ¿Por qué no las pone en práctica en todo el país? Solo hay dos explicaciones posibles. Una, que los podrían aplicar en todo el territorio pero por capricho ideológico no los han aplicado. Entonces, en vez de aplicarlos en una zona nada más, el gobierno debería de dejarse de ideologías absurdas y aplicarlos en todo el territorio.
La otra explicación sería que son condiciones que dan tantos privilegios a los que van a manejar la zona que no es sostenible aplicar estas condiciones a todo el país. Es decir, el establecimiento de la ZEE sería subsidiado por el resto del país. Los pobres del centro y el occidente del país pagarían impuestos para pagar los privilegios dados a las empresas en el oriente, y a los que manejen la zona.
Adicionalmente, la creación de esta zona plantearía problemas constitucionales porque crearía condiciones muy diferentes entre la ZEE y el resto del país en términos que no se definen claramente en el proyecto de ley pero que se describen como “políticas públicas”.
En una propuesta inaceptable, el control de toda la ZEE estaría en manos de instituciones que estarían fuera de los procesos democráticos y que por tanto no responderían a los intereses de los habitantes. En el artículo 3 del proyecto se crea un Consejo Directivo que es la máxima autoridad en la ZEE con una conformación pública con participación del sector privado. A este Consejo Directivo un Comité Técnico Multidisciplinario le propondría las “políticas públicas y sectoriales”, como si el Consejo Directivo fuera el gobierno y el Comité Técnico los ministerios. Todo el sistema municipal, que crea la democracia al nivel local, sería sobrepasado por las instituciones que manejarían la ZEE, excepto por una representación de dos alcaldes en el Consejo. Los ciudadanos perderían su voz en sus localidades.
Otro tema separado es la entrega de este enorme territorio a China, específicamente, que tiene un récord alarmante en el manejo de concesiones. En África y otras partes del mundo, China ha usado estas concesiones para establecer redes clientelistas que como contrapartida le han entregado el poder político en grandes esquemas que han sido acusados de masiva corrupción. Esto no debería ser sorpresa para nadie. La creación de zonas en las que se proveen grandes privilegios a países y empresas privadas es el ambiente más fértil para el desarrollo de redes de corrupción. No es lo que queremos.
Máster en Economía
Northwestern University.