En medio de los escándalos de corrupción que azotan a América Latina reconforta encontrar a quienes aún están dispuestos a involucrarse en política. Estos hombres y mujeres han entendido que el ejercicio del poder no siempre deriva en la malversación de fondos públicos. Se trata de individuos que se alejan de la comodidad que les ofrece su profesión y toman un riesgo. Inician un camino que, transitado diligentemente, es fuente de enormes satisfacciones. La función pública transforma vidas. Es una actividad que busca, en esencia, mejorar la existencia del ser humano.
Los corruptos empañan el trabajo de toda una administración. Se olvidan los logros y destacan los robos. Los desfalcos pasan a primera fila y los resultados positivos se engavetan en la memoria ciudadana. No puede ser de otra manera. Se requiere de castigos ejemplarizantes para los que traicionaron al electorado. Solo así podrá disuadirse un comportamiento similar en el futuro.
Pero también hay historias de éxito. Son muchos los relatos de políticas públicas implementadas de forma adecuada y de proyectos que han beneficiado a comunidades enteras. Correctamente dirigido, el gobierno es el medio para lograr el bienestar general. Los que delinquen y engañan a la gente no son las instituciones. Son los funcionarios que yerran defraudando a la población y violando la ley. En el fondo faltan valores; existe una total ausencia de honestidad.
El revés de la moneda lo encarnan quienes adoptan “el oficio de político” para cumplir, con integridad y decencia, las promesas de campaña y los planes de gobierno. Cuando se trata de personas con una sólida formación académica aumentan las probabilidades de una buena gestión. Para que otros se animen debemos reivindicar el empeño demostrado por funcionarios y empleados públicos rectos y virtuosos. Y con el propósito de evitar la descomposición del sistema es indispensable castigar las malas prácticas.
La admisión de responsabilidad del expresidente Saca por los delitos que le atribuye la Fiscalía General de la República no debe empañar el ánimo con el que ejercieron su mandato un gran número de servidores del Estado. La faena de estos últimos, a la que nos sumamos un grupo de jóvenes colaboradores, acumuló un rendimiento provechoso.
Dedicamos jornadas enteras a la discusión y revisión final de los proyectos de ley que le entregaron a los salvadoreños una renovada Defensoría del Consumidor y otra novel entidad: la Superintendencia de Competencia. Con el paso de los años estas dos instituciones han comprobado su utilidad ordenando el mercado y protegiendo los derechos de los consumidores. También respaldamos a la Secretaría Técnica de la Presidencia y a varios ministerios en el examen de las más de cuatrocientas modificaciones a una decena de leyes para hacer efectiva la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Una tarea similar fue requerida para la aprobación del régimen especial del Fomilenio I que contribuyó al progreso de la zona norte.
En materia laboral discutimos con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos públicos y privados, durante casi un semestre, la entrada en vigencia de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y negociación colectiva. Nos encontrábamos a la zaga en América Latina como el único país sin reconocer estos instrumentos. Su aprobación requirió una detallada reforma a la Ley del Servicio Civil que estableciera los derechos además de las obligaciones de los sindicatos y los “candados” para evitar desequilibrios fiscales y la paralización de servicios públicos esenciales. El aval a esta iniciativa facilitó la activación del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
La ley de turismo, una importante reforma fiscal que precisó de cambios en la legislación tributaria, el fondo solidario para la salud, el ordenamiento legal que creó la red solidaria y varias otras disposiciones jurídicas que incentivaron la atracción de inversión se suman al trabajo de aquellos tres años.
La intención de los que acompañamos esa empresa fue la de seguir abonando al desarrollo nacional. Lamentablemente fallaron los controles institucionales y la corrupción encontró espacios. Ahora corresponde reivindicar la política e impedir que en próximos gobiernos la ambición oscura de unos pocos opaque la legítima actuación de la gran mayoría de colaboradores estatales.
Abogado y politólogo