La Fuerza Armada es una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Eso dice la Constitución y así lo deberían entender los miembros de la misma. Las declaraciones dadas por el Ministro de Defensa el pasado 31 de julio son realmente preocupantes. Manifestó que “la situación política en el país le importa a la institución armada”, “las decisiones políticas que se toman siempre tienen una repercusión en la sociedad y una mala decisión puede decantar en problemas de carácter social”, “nosotros como Fuerza Armada debemos monitorear todo el escenario político”. Agregó que la tensión social que genera el ambiente político compromete la actuación de la Fuerza Armada. Esto es inaceptable.
¿Cómo es posible que el Ministro de Defensa diga que esperan que las instituciones del Estado relacionadas con el sistema político “actúen en forma correcta”? ¿Es ahora el Ministro de Defensa quien decide la legalidad o ilegalidad en el ámbito electoral? ¿A quién investiga la Fiscalía General y a quién no? ¿Cuál resolución es válida y cuál no? Es que ni siquiera en una protesta por un descontento político debería intervenir la Fuerza Armada, para eso están las instituciones de seguridad pública como la Policía Nacional Civil.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión primordial la defensa nacional. Esto significa —según lo dicho por la Sala de lo Constitucional— que esa institución está a cargo de garantizar la seguridad internacional del Estado, para protegerse de agresiones externas que pongan en peligro la soberanía, la independencia y la integridad del territorio; se trata de actividades y políticas públicas que se realizan con el objetivo de evitar y rechazar eventuales ataques que se pudieran recibir de otros países, de fuerzas externas o por graves conflictos armados internos. Nada tiene que ver las coyunturas políticas y los temas electorales en sus funciones.
En El Salvador ya vivimos una guerra civil producto de las desigualdades sociales y la lucha por el poder político. Esto dejó muchísimo daño y es impensable volver a la inestabilidad política y social de esa época. Resulta inaceptable, desde cualquier punto de vista, que el Ministro de Defensa insinúe la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en el ámbito político teniendo como base una insatisfacción o desacuerdo con las autoridades electorales.
Uno de los contenidos medulares de los Acuerdos de Paz fue la desmilitarización. Parafraseando dichos Acuerdos, la jurisprudencia constitucional señaló que “el enfrentamiento armado salvadoreño dejó como lección política la clara idea de que los conflictos bélicos internos no se solucionaron mediante la vía militar. Por el contrario, se comprobó que la represión militar institucionalizada ejercida sobre la sociedad puede incubar mayores niveles de violencia en determinados grupos, y desatar las más execrables violaciones de los derechos fundamentales de la población en general”. Ahora existen los mecanismos legales e institucionales que permiten solucionar conflictos sin necesidad de que entre en el escenario la Fuerza Armada.
El diseño institucional de nuestro país ha repartido las funciones primordiales en distintas entidades. La máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. Estemos de acuerdo o no con las decisiones que emiten, estas deben ser acatadas y en caso de inconformidad existen los mecanismo legales para rebatir la decisión que han tomado. Sugerir la intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos demuestra un desconocimiento del funcionamiento de las instituciones del Estado y del avance que hemos tenido después de los Acuerdos de Paz.
El general Munguía Payés, como Ministro de Defensa, debería tener más cuidado con la forma en que se expresa. Al encontrarse frente a las fuerzas armadas no puede siquiera sugerir la intervención de esta institución por un asunto puramente político. Su apoyo debe ser estrictamente en el ámbito de la defensa nacional y de apoyo subsidiario a la seguridad pública. Si se trata de salvaguardar los procesos democráticos y electorales, para eso fue creado el Tribunal Supremo Electoral.
Los ojos de la sociedad deben estar puestos sobre el actuar de la Fuerza Armada. El Ministro de Defensa debería enfocar sus esfuerzos en la colaboración a la Policía Nacional Civil por el desborde delincuencial, y no estar sugiriendo la participación de la institución que dirige por descontentos políticos. En El Salvador hemos avanzado en democracia e institucionalidad; la exclusión de los militares en la vida política fue uno de los legados de los Acuerdos de Paz. Ni un paso atrás.
Abogada