La Ley de Extinción de Dominio ordena que las propiedades incautadas a ciudadanos que han sido condenados por haberlas obtenido de manera ilegal o por enriquecimiento ilícito, peculado o narcotráfico, pasen a propiedad del Estado y sean administradas por el Conab (Consejo Nacional de Administración de Bienes), que ha tenido a bien traspasar algunas de ellas a diferentes instituciones públicas.
Wilber Rivera, exdiputado suplente del legislador López Cardoza (también bajo investigación), ha sido condenado a 15 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y le han sido incautadas 22 propiedades. Una de ellas está situada en un condominio residencial en Apaneca, que ha sido traspasada a la Fiscalía General de la República, que ha construido allí un centro de capacitación y recreación para su personal, con varias cabañas, un centro de convenciones rodeados de hermosa obra de jardinización y muro perimetral.
Lo anterior supone una inversión de varios miles de dólares, que se realizó sin tomar en cuenta el reglamento del condominio que lo destinaba a uso estrictamente familiar. Sin embargo, considerando que la FGR tiene un presupuesto sumamente bajo que no logra cubrir urgentes necesidades como más jueces, personal de investigación, vehículos y muchos etcéteras para cumplir con sus obligaciones, llama la atención que pueda costear estas inversiones, lo que también aplica a un rancho en la Costa del Sol, hoy propiedad de la PNC como centro de recreación.
Según informan los medios de comunicación, en varios lugares de la República la FGR ha decomisado varias propiedades a acusados de lavado de dinero, como ranchos de playa, haciendas, moteles, inmuebles calificados de mansiones suntuosas, que de acuerdo con la mencionada ley, pasarán a ser administrados por el Conab. ¿También serán asignados a diferentes instituciones del Estado? ¿A quién le tocará la residencia de Saca? ¿Correrá la misma suerte que las mansiones que pertenecieron a Carlos Perla y que fueron abandonadas, desmanteladas y sin ningún beneficio para el bien común?
La ciudadanía se pregunta si no sería más conveniente que el Conab pusiera a la venta o en pública subasta esas propiedades y los recursos obtenidos pudieran ser utilizados para fortalecer los exiguos presupuestos de tantas instituciones de beneficio público. Especialmente las que están ubicadas en áreas rurales, como las del caserío Valle de los Quijada, en el cantón Mal Paso en Metapán, que difícilmente podrán albergar instituciones públicas, especialmente porque muchas de ellas son evidente demostración de exceso de dinero y carencia de elegancia y buen gusto.
Y como también hay cosas positivas que es de justicia reconocer, hay que felicitar al Ministerio de Turismo por su excelente campaña para hacer conciencia en los ciudadanos de no ensuciar con basura las playas, montañas y los bellos paisajes que nos rodean. Anuncios en los periódicos y en mupis, con excelentes fotografías y mensajes directos y motivadores, que esperamos sean comprendidos por los muchos visitantes que en estas vacaciones se desplazan por el territorio nacional.
Pero esta iniciativa no puede limitarse únicamente al período de vacaciones, sino que debía ser un esfuerzo permanente de todas las instituciones del estado. Comenzando por las escuelas, tanto del sector público como privado, en las unidades de salud, en las instituciones que protegen el medio ambiente. Sería recomendable que el abultado presupuesto que el Goes mantiene para hacer publicidad de obras que no ha realizado, se destinara a una campaña permanente sobre el buen manejo de la basura. El señor presidente podría convertir sus festivales del buen vivir, que no existe más que para sus funcionarios, en Festivales de la Limpieza, que así tendrían una utilidad práctica.
Mañana que los salvadoreños celebramos orgullosamente al Divino Salvador del Mundo debemos pedirle que proteja a este pueblo que lleva Su Nombre.
Maestra