Escribir una columna semanal sobre seguridad en El Salvador a veces implica sacrificar el abordaje de ciertos temas para tocar otros. El escenario es tan volátil y lleno de posturas, tópicos y situaciones sumamente interesantes e importantes, que discriminar y escoger sobre qué escribir a veces es un verdadero reto. Hay ocasiones en que no es cuestión de decidir, los tiempos simplemente no favorecen a las horas y fechas límite de entrega. Hay situaciones relevantes que trascienden sin dejar suficiente tiempo para entregar las columnas con puntualidad. Otras ocurren después de la fecha de entrega y son enterradas en medio de temas acumulados para la siguiente semana. Así me pasó con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional en la que se hizo referencia a la responsabilidad del Estado para recuperar territorios. Aunque ya pasó algún tiempo, este tema aún es de gran relevancia.
La sentencia ordena al Gobierno Central coordinar a las diferentes instituciones públicas en función de la recuperación de los territorios controlados por las pandillas. El fallo hace referencia a el desplazamiento forzado ocasionado por dichos colectivos. En esencia, el Poder Judicial reconoció que las pandillas han usurpado el rol del Estado en el país, explotando el vacío de autoridad que prevalece en la mayoría del territorio nacional.
Después de que el gobierno invirtiera tiempo, dinero y otros recursos en tratar de vender una realidad ficticia muy diferente al escenario que describe la sentencia, se ha forzado a que las autoridades reaccionen. Lastimosamente, la respuesta no ha sido la que se esperaba. En lugar de reconocer con humildad la situación, algunos funcionarios y voceros oficiales se avocaron a la crítica y descalificación. Otros a pasar la papa caliente.
Escuché, por ejemplo, una posición que me pareció contradictoria. Algunos funcionarios de seguridad trataron de desvincularse del rol protagónico que tiene que jugar la policía en organizar a las comunidades, mientras se jactaban de la adopción de una filosofía comunitaria. Las autoridades internacionales en el tema del análisis espacial del delito tienen una postura diferente al rol que los policías deben de jugar, en el que su proximidad con la comunidad los convierte en figuras clave para liderar cualquier intento de organización.
Los funcionarios de seguridad tienen la enorme ventaja de tener una gran habilidad para la oratoria. Haciendo uso de sus dotes, explicaron, de forma acertada, que para recuperar territorios es necesario organizar a las comunidades. Sin embargo, se desmarcaron de la responsabilidad de organizarlas argumentando que la policía solo es un actor más y que, por lo tanto, corresponde a otras instancias asumir el rol protagónico, encargado de organizarlas.
La más reciente tendencia en el análisis espacial de la criminalidad adopta una resolución geográfica más granítica, pasando de concentrarse en comunidades a enfocarse en microespacios en los que la incapacidad de los vecindarios de autoregular la conducta de sus residentes es más acentuada. La premisa central es que concentrarse en estos microespacios y organizar a las comunidades allí tiene el potencial de generar un impacto sensible en toda la comunidad. El policía se identifica como un agente generador de cambio en estos microespacios, ya que su proximidad puede darle acceso a personas e información de la comunidad clave para organizar a los residentes de forma efectiva.
La recuperación de territorios es un reto. Las pandillas han logrado avanzar tanto e incrustarse exitosamente en el tejido social de las comunidades que arrebatarles el control tomará esfuerzo, inteligencia, audacia y creatividad. La policía debe liderar este trabajo y no excusarse.
Criminólogo
@_carlos_ponce