Recobrar territorios

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25 July 2018

Desde que hablamos de Estado hacemos referencia a un ente investido de un poder soberano que se impone a todas las personas, naturales y jurídicas, públicas y privadas, dentro de su territorio. En ese orden de ideas, Max Weber sostuvo hace casi cien años que Estado es “aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama con éxito para sí el monopolio de la fuerza física legítima”.

La primaria manifestación de la soberanía interna es la capacidad del Estado para imponer el cumplimiento de las leyes a todos los que se encuentren en su territorio. Incluso quienes sostienen la idea de Estado mínimo aceptan que la garantía del cumplimiento de la ley es una de las exigencias básicas que se le plantean a los poderes públicos, y que la seguridad ciudadana y jurídica es condición indispensable para que los particulares desarrollen libremente sus propios proyectos de vida.

Los Estados actuales enfrentan problema de todo tipo, y no es raro que se encuentren con situaciones en que ciertos grupos —una guerrilla, un cartel de narcotraficantes, una pandilla— les disputen el control territorial. Pero cuando nos detenemos en el mencionado planteamiento weberiano llegamos rápidamente a una conclusión: los miembros de esa guerrilla, cartel de la droga o pandilla pueden estar mejor entrenados y equipados que la policía y el ejército regular del Estado, pero nunca serán poderes legítimos. Siempre los funcionarios que derivan su autoridad del voto directo o indirecto de los ciudadanos, tendrán legitimidad para perseguir a quienes, situándose al margen de la ley, pretendan disputarle al Estado la capacidad de imponer sus leyes.

Por eso resulta tan chocante a la conciencia ciudadana constatar que, por imposibilidad fáctica o por desidia de algunas autoridades, existan ciertas zonas del territorio donde no pueden ingresar ni siquiera las autoridades representantes del Estado: policía, fiscales, jueces o la fuerza armada, y que sus residentes estén a merced de los delincuentes, en total desprotección de las autoridades.

La última sentencia de Amparo emitida por la Sala de lo Constitucional aborda la problemática del desplazamiento forzado interno. Da por establecido que los demandantes y sus grupos familiares han sido víctimas de tal fenómeno, como consecuencia del acoso y de graves atentados que miembros de una pandilla efectuaron en su contra, pero además por hechos de violencia no investigados ni esclarecidos que involucraron a agentes de la policía.

Concluye que los desplazamientos internos se llevan a cabo en espacios urbanos y rurales controlados por las pandillas, en los que no se advierte la presencia del Estado. Destaca que, además de la ausencia de la fuerza pública en dichos territorios, también están ausentes las instituciones públicas encargadas de ejecutar las políticas sociales que podrían coadyuvar a reconstituir los tejidos sociales deteriorados por la violencia. “El vacío que en los territorios controlados por las pandillas ha dejado la deficitaria presencia de las diversas instituciones del Estado —afirma— ha sido ocupado por las agrupaciones delictivas que, con estos desplazamientos, confirman que la ausencia de poderes públicos da lugar a que los más fuertes impongan su voluntad a los más débiles”.

Como consecuencia de ello, afirma que los poderes públicos están obligados a implementar acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas. No se trata del simple ejercicio de la fuerza, porque también se resalta el imperativo de aplicar políticas sociales que permitan la integración e inclusión de los sectores abandonados y vulnerables.

Sin embargo, sí se resalta la necesidad de que el Estado se comporte como tal: que controle el territorio y haga cumplir la ley a todos por igual, garantizando con ello seguridad ciudadana y jurídica a todos los habitantes.

Exmagistrado de la Sala

de lo Constitucional.