En un punto muerto. Así fue descrito por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el proceso de elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Después de una semana de que se venció el plazo para hacer el nombramiento, El Salvador sigue sin un tribunal constitucional que resuelva las demandas de los ciudadanos cuando se le vulneran sus derechos constitucionales. No es poca cosa.
La preocupación por el proceso de elección tiene años sobre la mesa, producto de la amplia actividad judicial de los exmagistrados. Estemos de acuerdo o no con las resoluciones, la Sala de lo Constitucional dinamizó una justicia constitucional inerte. Después de nueve años de ver todo lo que se puede hacer desde la Sala y la Corte Plena, la silla de magistrado se volvió más apetecible. Para bien, si la que quiere llegar es una persona comprometida con el trabajo y la Constitución; para mal, si lo que quieren es favorecer intereses ajenos al Derecho.
Desde 2015, después de la última renovación de la Corte Suprema de Justicia, diversas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de abogados y ciudadanos externaron su preocupación sobre la finalización del periodo de Rodolfo González, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Florentín Meléndez. Siempre se ha dicho que necesitamos una Sala independiente de las presiones políticas que pretenden interferir en decisiones constitucionales trascendentales.
Tres años no les bastó a los diputados de la Asamblea Legislativa para elaborar un procedimiento mediante el cual se eligiese a los mejores candidatos. Llegamos al 15 de julio de 2018 y los partidos políticos se limitaron a poner en la mesa de la Comisión Política un listado de nombres por cada fracción, sacando un “listado de coincidencias”; pero dichos listados no establecen ninguna razón objetiva de por qué unos sí deben ser electos y otros no; o por qué unos nombres están en las primeras posiciones y otros al final. No deberían estar intercambiando listas, sino evaluando personas.
Muchos de los ahora diputados utilizaron la elección de funcionarios como tema de campaña para promover su responsabilidad con el Estado de Derecho y la ciudadanía. En campaña electoral se comprometieron a impulsar reformas internas con el fin de elegir a los mejores. Ahora que ya son diputados no los vemos ni para hacer ruido, mucho menos para revelar y transparentar a la ciudadanía la forma en la que se está llevando a cabo esta elección; esto únicamente lo ha hecho el diputado no partidario Leonardo Bonilla.
Diputados, no nos pidan confiar en su criterio cuando manejan todo a oscuras. No nos pidan conformarnos con su listado de coincidencias cuando la ciudadanía tiene años exigiendo que se estandarice un proceso de elección de funcionarios objetivo, transparente y justificado. No nos digan que todos están igualmente capacitados para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando los que hemos seguido de cerca las etapas ante la Fedaes, Consejo Nacional de la Judicatura y Asamblea Legislativa, sabemos que no es así.
Lo que todos los partidos políticos deberían estar haciendo es levantar cara del vergonzoso intento de elección que hicieron el fin de semana antepasado, reivindicar sus promesas y elaborar un proceso objetivo y transparente que legitime a las personas que se elijan como magistrados. El partido ARENA, con la bancada más grande en la Asamblea Legislativa, debería estar liderando este proceso a base de propuestas. Y el resto partidos políticos deberían unirse a un esfuerzo del que salgan los mejores magistrados.
Si el principio básico en política es el temor al elector, tengan en cuenta que el costo político de una mala elección es grave. Y lo va a pagar en las elecciones de 2019 el partido que no esté dispuesto a hacer las cosas de la manera correcta; y en las elecciones de 2021 los diputados que se presten a elegir con base en cuotas y no en méritos. Están a tiempo para corregir la plana. Elijan bien.
Abogada