Honradez e instrucción, antes que moralidad y competencia

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13 July 2018

Por meses hemos estado exigiendo que nuestros representantes en la Asamblea Legislativa entiendan de una vez por todas que, en los procesos de elección de segundo grado, deben dar verdadero contenido a los requerimientos de moralidad y competencia notoria que establece nuestra Constitución.

Sobre todo ahora que estamos en la etapa final de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, les hemos venido recordando a los diputados, que esas expresiones no son etéreas, y que elegir bien significa que deben elegir —como lo señala la jurisprudencia— a personas a quienes se les pueda comprobar probidad, honestidad, vocación de servicio, compromiso institucional, independencia y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad la investidura, así como la cualificación técnica y profesional, empírica y académica, necesarias para el idóneo desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes al cargo.

La moralidad y competencia notoria no solamente se exige para los magistrados de Corte Suprema, sino también para Fiscal General, Procurador General, miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, magistrados de Corte de Cuentas e integrantes del Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros.

Exigir que los diputados verifiquen que se cumpla con estos requerimientos no solo está muy bien; es en realidad imprescindible que como ciudadanos asumamos el rol que corresponde y que nos involucremos activamente en esos otros procesos de elección que sin duda afectan nuestro día a día, aunque a veces no lo percibamos.

Pero hay algo que no estamos haciendo. Se nos ha olvidado que nuestra Constitución también contiene requisitos que deben cumplir los diputados: deben ser de notoria honradez e instrucción. Y si a los diputados les estamos pidiendo que elijan a funcionarios que cumplan con los requerimientos constitucionales, con mucha mayor razón y con mayor énfasis nos deberíamos estar preocupando porque estos, a su vez, también los cumplan.

Erróneamente se asumió por años que hablar de moralidad y competencia notoria era solo una utopía. Ya entendimos que no lo es. Ahora nos toca entender que la notoria honradez e instrucción tampoco lo son. Y así como en el caso de los magistrados se exigió a las asociaciones de abogados y al CNJ que se preocuparan por verificar estos requisitos, así debe exigírsele lo mismo a los partidos políticos cuando elaboran sus propuestas legislativas.

Es más, no hemos prestado atención al hecho de que nuestra legislación electoral nos da las herramientas necesarias para que cualquier ciudadano se oponga a la inscripción de una persona que, pretendiendo ser candidato a diputado, no cumpla con ser notoriamente honrado e instruido.

No habernos preocupado de eso, ni haber ejercido las acciones a nuestra disposición, nos ha causado enormes problemas en todas las legislaturas que recuerdo. Uno, tan solo uno de esos problemas, y sin caer en generalizaciones, es que en muchos casos hay varias personas que no son honradas y que no son instruidas, y que así pretenden elegir a personas que deben ser notoriamente competentes y notoriamente morales. Un sinsentido absoluto.

Personalmente coincido con quienes sostienen que es importante disminuir el número de diputados en la Asamblea, revisar su distribución territorial y revisar la necesidad de contar con idéntico número de suplentes. Pero si un esfuerzo de esa naturaleza no es precedido del interés y decisión colectiva en dar contenido a los requisitos de notoria honradez e instrucción que deben cumplir los diputados, sean el número que sean, tal esfuerzo será siempre insuficiente.

Ocupémonos ahora de lo que tenemos a la vuelta de la esquina y continuemos en la lucha por que nuestros diputados elijan correctamente a los magistrados de la Corte Suprema, que pasen de inmediato a modificar el reglamento interno y que luego inicien el proceso de elección del Fiscal General. Si en el camino nos encontramos con alguna decisión de la Sala de lo Constitucional que ordene repetir la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, también ocupémonos de eso.

Pero desde ya y hasta el momento en que tenga que ocurrir una nueva elección legislativa, comencemos a pensar qué y cómo vamos a hacer para que no baste con que los diputados sean mayores de veinticinco años, de nacionalidad salvadoreña y que no haya perdido sus derechos ciudadanos, sino que también sean de notoria honradez e instrucción.

Doctor en Derecho.

Abogado y docente universitario