El nombramiento de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra en la etapa final. Es el primer gran reto que enfrenta la actual Legislatura. Si elige en tiempo, y elige bien, nombrando candidatos que cumplan el perfil que manda la Constitución y la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, las organizaciones que han acompañado el proceso y, en general la sociedad civil y los electores, seguro premiarán a los partidos y a sus diputados. Si sucede lo contrario y los legisladores incumplen el plazo, o cumpliéndolo se inclinan por candidatos cuya falta de idoneidad se hizo notar en las entrevistas y en la evaluación de sus antecedentes profesionales, se enfrentarán a severas críticas públicas y a un rechazo generalizado en 2021, cuando algunos pidan su reelección.
Después de la elección de la CSJ de 1994, la primera en la que se aplicó el nuevo mecanismo acordado en el pacto de Chapultepec que involucró a los abogados y al Consejo Nacional de la Judicatura en la designación de los candidatos a magistrados, el de 2018 será recordado como el proceso más vigilado. Por eso la opacidad y el secretismo no son buenos compañeros en esta gesta. Cuanta más transparencia en la deliberación mejores serán los resultados y la responsabilidad por los actos de la nueva Sala de lo Constitucional la “compartiremos” todos.
La acefalía en la Sala, esto es, la ausencia de magistrados por no haber sido electos los nuevos funcionarios, significa no solo una violación a la Constitución, sino un grave riesgo para la seguridad jurídica de los salvadoreños. Sin esa instancia no hay control de constitucionalidad. Cualquier transgresión a los derechos fundamentales de los ciudadanos quedaría impune.
Para entender la trascendencia del asunto recordemos las sentencias de la Sala 2009–2018 sobre algunos derechos sociales. El acceso a tratamientos oftalmológicos y por enfermedades crónicas en el ISSS, el de los pacientes con hemofilia o los que padecen cáncer, fue posible por sentencias oportunas de aquella instancia. El derecho a la vida, la salud, la educación, la libertad, el trabajo, entre otros, quedarían desprotegidos. La aprobación de una ley en la que se quebrantan esas garantías estaría vigente mientras no se declare su inconstitucionalidad. Lo mismo se podría decir de la atención que la Sala prestó a los derechos políticos de la población, sobre todo ahora que nos acercamos a una elección presidencial.
Convenientemente y como distractores del hecho político más relevante en décadas, la lista de problemas que rondan en la discusión nacional es larga; algunos de ellos ciertamente son muy graves. Desde la cancelación de un partido político, hasta la “constitucionalización” del derecho al agua, pasando por la educación en “afectividad y sexualidad” de los niños, y los no menos importantes procesos por presunta corrupción de dos expresidentes. Prácticamente todas esas materias necesitan, o han requerido, de una Sala independiente al momento de examinar su conformidad con los procedimientos y disposiciones de la Carta Magna.
Por otra parte, una posible negociación fuera del ámbito legislativo, entre las cúpulas de los partidos, sobre la lista de aspirantes que podrían llegar a ocupar las magistraturas, es otra de las posibilidades que flota en el ambiente. Si como resultado de ese ejercicio, que finalmente debe ser conocido, revisado y aprobado por los grupos parlamentarios, se obtiene un acuerdo que derive en la investidura de los pretendientes con las mejores credenciales, habremos avanzado en el ámbito del diálogo político. El revés de la moneda sería un pacto que abra espacio al cuoteo partidario, con sombras ideológicas, encaminado a eclipsar todo aquello en lo que aparezca la firma de los magistrados González, Blanco, Jaime y Meléndez.
En definitiva los diputados deben priorizar la elección de los magistrados de la CSJ como el tema fundamental de la agenda nacional. Tienen que descartar cualquier trato sospechoso encaminado a retrasar la votación y alejarse de prácticas del pasado en las que prevalecían los intereses de partido. Solo así recuperarán la credibilidad tan desgastada durante los últimos años y demostrarán su apego al Estado de Derecho, su consideración por la institucionalidad democrática y, principalmente, su deseo de cumplir las promesas de campaña.
Doctor en derecho con
maestrías en ciencia política
y estudios electorales.