Seguimos hablando del tema del agua. Pero, otra vez, la discusión no está orientada a resolver los problemas sino que a armar shows innecesarios. En las últimas semanas hemos visto marchas contra la privatización del agua de un lado y pronunciamientos sobre la no privatización del otro lado. Y otros armando teorías de la conspiración sobre el rompimiento de tuberías que en nada colaboran en un ambiente ya polarizado.
Para mientas, los ciudadanos somos los tristes espectadores del desabastecimiento o inexistencia permanente del agua. Miles de personas no tienen conexión de tuberías o no gozan de servicio de agua potable en sus casas, agravado por el corte inesperado durante casi toda la semana en buena parte de la capital. Nadie está buscando soluciones a los problemas.
El miércoles de la semana pasada, varios diputados de ARENA presentaron una propuesta de reforma constitucional que pretende modificar el artículo 69 e incorporar el derecho al agua como derecho humano y fundamental para la vida. El texto propuesto por la reforma reza de la siguiente manera: “El Estado tendrá como prioridad proteger y preservar el derecho al agua como derecho humano y fundamental, debiendo regular el acceso, disposición y el saneamiento a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas que garantice este derecho de forma equitativa y la ley regulará esta materia”.
En 2015, el FMLN presentó una propuesta de reforma cuyo texto decía: “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”.
Básicamente el contenido de ambas reformas constitucionales es el mismo, pues establecen el derecho al agua como derecho humano, la creación de políticas públicas y leyes que regulen la materia. Aunque la propuesta más reciente agrega la regulación del acceso, disposición y saneamiento a los habitantes, estas son características que se encuentran implícitas en el derecho mismo.
Lo dije en mi columna publicada en este periódico el 25 de abril de 2015 y lo sostengo a la fecha, tanto para la reforma del FMLN como la de ARENA: De poco sirve que la Constitución contenga enunciado explícitamente el derecho al agua cuando no existe una política gubernamental que asuma la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable. Y cuando no existe una ley que ofrezca garantías del goce del derecho al agua. Si las reformas no están orientadas de verdad a resolver los problemas, son innecesarias.
Más que una reforma constitucional que ratifique el derecho constitucional al agua, necesitamos plena voluntad del gobierno central y de Anda de adoptar las medidas necesarias para abastecer del agua; además, la Asamblea Legislativa tiene una deuda desde hace más de doce años del proyecto de ley, con la cual contribuiría a garantizar una adecuada gestión del recurso hídrico. En los últimos meses las discusiones de los partidos no han estado centradas en avanzar las propuestas y soluciones, sino en atacarse mutuamente. Tal parece que los fines políticos de cara a las elecciones 2019 tienen prevalencia sobre las soluciones viables a un problema que lleva décadas.
Los partidos políticos de todos los colores ya deberían dejar a un lado la inútil práctica de presentar un proyecto de ley o reforma con fines puramente políticos o electorales. Los espectáculos mediáticos no resuelven los problemas de población; y esto es en todos los temas, pues la práctica ha sido presentar respuestas como reacción a la coyuntura y no proyectos de ley que de verdad solucione los problemas que aquejan a la sociedad. Ya basta de shows en las calles, Asamblea Legislativa y redes sociales. Hay que ponerse a trabajar para solucionar los problemas sobre el tema del agua.
Abogada