En los últimos días el mundo fue testigo —a través de duros materiales transmitidos por medios de comunicación— de una realidad que, una vez más, ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de que continuemos trabajando sin descanso por la protección y el respeto irrestricto a los derechos de nuestros compatriotas migrantes y sus familias.
Por la experiencia directa que he tenido con el abordaje de este sensible tema, conozco y empatizo con el profundo dolor de estas personas que, tras un peligroso recorrido en condiciones irregulares hacia los Estados Unidos, se enfrentaron en los pasados meses a una tragedia aún mayor: la de verse separados de sus hijos e hijas menores de edad, quienes sin duda quedaron expuestos a una situación de alta vulnerabilidad física y emocional.
Las numerosas y enérgicas expresiones de rechazo ante esta medida, con voces provenientes de distintos gobiernos y organismos internacionales, pero también de la misma ciudadanía estadounidense, lograron incidir para que se diera un paso atrás en esta decisión de la administración de la Casa Blanca. El cambio anunciado, en definitiva, debe ser tomado como un primer paso pero hay que seguir trabajando para que las escenas lamentables que vimos recientemente no vuelvan a darse.
Por un lado, es crucial que, desde nuestros países, insistamos y posicionemos en los espacios de diálogo internacional —tanto a nivel bilateral como regional y multilateral— una visión que no criminalice a las y los migrantes. Precisamente, fue una mirada criminalizadora la que dio pie a la acción de separar a las familias y es un enfoque que debe ser superado, recordando en todo momento que quienes optan por el camino de la migración son, sin importar su condición, seres humanos sujetos de derechos.
De la misma forma, es indispensable abogar permanentemente por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Así lo hicimos hace cuatro años, cuando se presentó un aumento en los flujos de menores migrantes no acompañados hacia los Estados Unidos, y así lo hemos seguido subrayado al manifestar que: la unidad familiar debe ser siempre un principio fundamental y una garantía del bienestar de la niñez.
Y es necesario reconocer también, por supuesto, que si bien la movilidad humana ha sido una constante no solo en la historia de El Salvador, sino en diferentes latitudes del mundo, nos encontramos hoy ante una situación que nos urge a actuar para prevenir los flujos que se dan de manera irregular. Esto demanda un arduo trabajo en los territorios donde nacen estos flujos, de modo que se creen las condiciones para que nuestra gente pueda prosperar en su propia tierra y la migración irregular no sea más vista como una obligación.
Es por eso que, a lo largo de los últimos nueve años, bajo mi responsabilidad como ministro de Relaciones Exteriores, siempre enfaticé que la migración debe tratarse bajo un enfoque integral, que reconozca la multicausalidad del fenómeno, así como las responsabilidades compartidas entre los territorios de origen, tránsito y destino. Este fue justamente el espíritu con el que propusimos y trabajamos, junto a los gobiernos de Guatemala, Honduras y Estados Unidos, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, teniendo claro que la migración solo puede atenderse de manera efectiva si respondemos juntos a sus causas históricas y estructurales.
Afortunadamente, este plan ya está produciendo resultados en cuanto a la mejora de las condiciones en los lugares de origen de la población migrante. Producto de ello, las cifras más recientes —confirmadas por el vicepresidente Mike Pence, de los Estados Unidos, en reunión con los mandatarios del Triángulo Norte— reflejan una disminución en un 60 % de las llegadas a la frontera sur de dicho país norteamericano, un dato que se complementa también con una tendencia a la baja en las deportaciones desde México, en un porcentaje similar.
Se trata, pues, de un desafío con múltiples dimensiones y que, como tal, no compete exclusivamente al gobierno de turno. Estamos ante un tema de nación, que debe apelar a la concurrencia de todo el pueblo salvadoreño, de los tres poderes del Estado, y convocar a todas las fuerzas políticas y sectores sociales del país, como ya lo hemos procurado en meses anteriores para abogar por la estabilidad de nuestra diáspora.
Nuestras familias migrantes demandan y merecen que trabajemos en unidad por ellas, apoyando, desde cualquiera que sea la trinchera en la que nos encontremos, las gestiones que el Estado salvadoreño emprenda para asegurar su protección. Como excanciller de la República y hoy, además, como aspirante a la máxima magistratura del país, seguiré respaldando esa labor, con el más fiel e indeclinable compromiso frente a nuestros compatriotas en el exterior.
*Candidato presidencial
del FMLN