En 2015 los relatos de vecinos en que se implicaba a miembros de la Policía Nacional Civil en casos de ejecuciones sumarias se fueron multiplicando. La publicación de fotografías en redes sociales relacionadas a grupos de policías mostraba de manera muy clara que la eliminación premedita de miembros de pandillas estaba ocurriendo.
Un punto de inflexión fue la publicación de la investigación del periódico El Faro, en julio de ese año, sobre la matanza de la Finca San Blas. Unos días más tarde, publiqué en este periódico lo siguiente: “… se sabe de grupos, que se espera sean pocos y aislados, ligados a las inteligencias de seguridad, que cada vez con mayor frecuencia traspasan la ley para realizar capturas arbitrarias, maltratos, plantación de evidencias y ejecuciones sumarias que se disfrazan de enfrentamientos. Esas actuaciones fuera de ley son parte de una política encubierta de combate a las pandillas. Por ser éste un punto sensible en la conciencia ciudadana los abusos de poder no solo se califican como correctos sino también son aplaudidos y acogidos como acciones heroicas. En el manejo político electoral que se hace del tema de la seguridad, también resulta beneficioso disimular los abusos con el fin de crear la idea de eficacia y que finalmente alguien le está dando su merecido a los malos. Sin caer en la cuenta de los ángeles del infierno que se están engendrando en el proceso (...) cuando pequeños grupos dentro de la Policía hacen uso de violencia excesiva con impunidad (…) pueden pasar de la represión de las pandillas a la represión política, del pensamiento, de la defensa de los derechos humanos y de cualquier tipo de disenso. La violencia puede también comenzar a ser usada desde las instituciones para zanjar diferencias personales (...) El gran peligro es que la Policía termine generalizando la pérdida de su mística y se reproduzcan los vicios que complicaron la convivencia social en décadas anteriores y condujeron al estallido del conflicto armado. La Policía Nacional Civil es uno de los logros de los Acuerdos de Paz. No se debe desmontar aquello que a fuerza de tanto sacrificio se construyó y acordó como lo mejor para el país”.
Tres años después, lo que en ese momento fue una desatendida premonición se ha convertido en una funesta realidad. De acuerdo con El Diario de Hoy, el municipio de San Francisco Javier se convirtió entre 2016 y 2017 en el más violento con cuatro masacres y varios asesinatos individuales. Lo paradójico es que tales matanzas no tienen relación con las pandillas sino que, según las investigaciones, señalan a la autoría de Josué Arévalo, conocido como “Samurái”, exmiembro del GRP y la misma persona a quien se le atribuye el sonado asesinato de la agente Carla Ayala. La permisividad que se otorgó para violentar los derechos humanos resulta que no solo no resolvió el problema de la violencia, sino que añadió un nuevo factor homicida capaz de elevar un municipio pacífico a la categoría del más violento por obra directa de la PNC. Tal vez aún no sea tarde para salvar a la Policía.
Lo que sí es claro es que no es suficiente con haber disuelto el GRP y se impone la necesidad de una amplia depuración para recobrar el ideal que se concibió con los Acuerdos de Paz. Solamente así se podrá actuar con efectividad y profesionalismo en la mitigación del conflicto social que vivimos y que ha provocado tanto dolor que ya no da para más medidas populistas. Ha sonado la hora de la honestidad, la inteligencia y la sinceridad.
Pastor General de la
Misión Cristiana Elim