Hablamos mucho de democracia pero poco hemos entendido de qué se trata. Esta palabra no se reduce a la simple aritmética para la toma de decisiones por la mayoría; la autoatribución de que un movimiento o persona es “la voz del pueblo” y debe hacerse lo que ellos dicen, no basta en una democracia. Ni tampoco está sobrevalorada. La democracia de verdad, además de mecanismo para toma de decisiones, también significa el respeto a los derechos de las minorías, la garantía a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y, algo que algunos no tienen claro: el respeto de la institucionalidad y el cumplimiento de las reglas del juego.
Desde que se fundó la república, El Salvador está sometido a una serie de reglas que ordenan la convivencia entre nosotros, el juego. Reglas que nos permiten, prohiben u ordenan hacer algo, emitidas antes que existan los hechos que se pretende regular. Es así para que todos sepamos a qué debemos atenernos antes de hacer las cosas. Nadie puede venir a confundir un atentado a la democracia con la aplicación de la ley. Por ejemplo, nadie puede venir a decir que se le está bloqueando la inscripción de su partido político, cuando la realidad es que el árbitro electoral está siguiendo el proceso que está en la ley para su creación.
También en una democracia hay que tener claro que todos somos prescindibles. Los funcionarios llegan y se van de sus puestos, mientras que las instituciones ahí siguen. Nadie es cabeza de la democracia ni el mundo se acaba si una persona no está presente o no participa en la cancha política. La democracia se basa en reglas e instituciones permanentes, no en personas, para que nadie crea que sus decisiones serán siempre las más adecuadas o las más justas. Si tanta es la intención de hacer algo por el país, existen diez mil formas de demostrarlo y no necesariamente participando en una elección presidencial. El sol no deja de salir y formas de trabajar siempre existirán.
Y en una democracia no podemos estar de acuerdo y respetar las decisiones tomadas por una institución solo cuando estas nos convienen. Ni creer qué la presión política es herramienta válida para forzar la toma de decisiones en órganos encargados de regular el poder político. Las instituciones que por su naturaleza pueden basar sus razonamientos en la conveniencia política son únicamente la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. El resto de instituciones tiene que fundamentar sus resoluciones en lo que dice la Constitución y las leyes. Nada más. Ofrecer tarimazos afuera de las instituciones o batucadas en las casas de los funcionarios no es más que una muestra de matonería, inmadurez política y desconocimiento del funcionamiento institucional del país.
Instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y el Órgano Judicial no pueden estar sujetas a presiones políticas ni sus decisiones basarse en los mismos motivos. Por permitir que las personas al mando se vean influenciadas por presiones o intereses políticos es que estamos tan mal en este país. Porque hemos permitido que las decisiones se tomen con base en el sentir o interés del funcionario de turno y no lo que la ética, la lógica y las leyes dicen.
Hay que darle un poco más de sentido a la palabra democracia. Esta palabra también se trata de respeto a las instituciones y decisiones tomadas conforme a las reglas del juego. Si no estamos de acuerdo con algo, para eso están todos los mecanismos legales de impugnación y que las decisiones se reviertan, pues tampoco podemos pretender que lo dicho por un funcionario es infalible; pero, otra vez, las soluciones por las que optemos deben ceñirse a las reglas del juego que nos ha dado la democracia. La institucionalidad no puede ser a la medida.
¿Se entiende?
Abogada