Del agua es sobre lo que ha se ha hablado esta semana. Se han intensificado los debates sobre el tema en entrevistas de televisión, radio, foros universitarios y redes sociales. Por un lado, sectores como la Conferencia Episcopal, la UCA y el partido FMLN han denunciando un posible intento de privatización del agua; por otra parte, la ANEP y el partido ARENA han dicho que no se pretende una privatización, sino la creación de mayor eficiencia en la distribución del agua y que la administración no responda a intereses políticos.
Hablemos claro. En el proyecto de ley que se está estudiando en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa no existe ningún apartado que se refiera a la privatización del agua. Pero también seamos claros en otra cuestión: la conformación de la autoridad que administrará el recurso hídrico —según el proyecto— no deja de ser curiosa y cuestionable.
El artículo 14 establece que la junta directiva de la Autoridad Hídrica estará conformada por un miembro nombrado por la Presidencia de la República, dos por la Corporación de Municipalidades (Comures, gremial privada de municipalidades) y dos por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP, que aglutina a gremiales de la empresa privada). Entre algunas de sus facultades se encuentran la aprobación de permisos y tasas por el uso de recursos hídricos, la aprobación de la normativa técnica que desarrollará la ley, entre otras.
Aunque la intención no sea una privatización, la desconfianza de muchos es razonable. Cuando hablamos de un bien tan público, importante y de interés social como el agua y metemos en la ecuación a sectores privados cuya defensa (legítima) son los intereses de sus representados, surge la duda sobre a qué intereses responderá la Junta Directiva de la Autoridad Hídrica.
¿Responderá a la colectividad o a necesidades de algunos grupos interesados? La misma desconfianza y cuestionamiento surgiría si la representación fuera predominantemente pública. La defensa de los intereses privados es una cuestión legítima y necesaria, pero cuando se trata de un bien tan trascendental y escaso como el agua, lo que debe privar es el bien común. Nada tan básico como el agua. El agua es vida y es de todos.
Hay varios puntos que no están en discusión respecto al agua. Primero, se trata de uno de los bienes más importantes sobre la Tierra para cualquier forma de vida. Su ausencia afecta por igual a toda la especie humana y, por ello, no se le deba dar un manejo partidario o sectorial al tema. De ningún color o ideología. Segundo, se trata de un bien de interés público y social.
Tercero, existe la urgente necesidad de volver mucho más eficiente el uso del agua en El Salvador. Anda no ha podido hacerlo. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Recurso Hídrico, ya existen muchos países padeciendo condiciones generalizadas de escasez de agua. Ciudad del Cabo en Sudáfrica y la Ciudad de México enfrentan el problema y podrían sumarse ciudades como Sao Paulo, El Cairo, Tokio, Londres, entre otras. En El Salvador existen colonias y comunidades enteras que no tienen conexión de agua o si las tienen, la falta de agua dura semanas.
Nos encontramos frente a una oportunidad de una discusión seria y razonable sobre el manejo que le estamos dando al agua en El Salvador. La Asamblea Legislativa debería procurar la mayor transparencia posible, así como una primordial difusión del contenido de la ley y profundización de tema con todos aquellos sectores que tengan algo que aportar.
Más que si la mayoría de representación es pública o privada, hay que preocuparse por que las sillas en la Autoridad Hídrica sean ocupadas por gente que sabe lo que está haciendo y esto sea en favor de toda la sociedad. La defensa de intereses partidarios o sectoriales debe quedar fuera de la discusión en el tema del agua.
El hecho de que sea manejada o vigilada por privados no significa que será privatizada ni que su administración será más eficiente; si es administrada primordialmente por el representantes estatales tampoco significa que todos tendremos agua o que su administración seguirá siendo deficiente. Metámonos en el debate, nos interesa a todos. Eso sí, el punto de partida es que el agua es de todos y no debe ser privatizada.
Abogada