El expresidente Funes y más de 30 personas han sido acusadas de robar al pueblo salvadoreño 351 millones de dólares. Entre estos hay exfuncionarios de primer nivel —“criminales, de una delincuencia organizada para extraer fondos públicos del pueblo”, como los llama el señor Fiscal— que sin ningún remordimiento se aprovecharon de un país pobre, cometiendo una injusticia sin nombre, pues ese dinero se debería haber utilizado para brindar seguridad, salud, educación, infraestructura, etc., que tanto urgen.
En cambio, nos hemos convertido en uno de los países más peligrosos, no hay medicinas en los hospitales, las escuelas están en mal estado y la pobreza ha aumentado. ¡Indignante! Eso es no tener conciencia. Engañar al pueblo con promesas que nunca pensaron cumplir y llegar al poder para enriquecerse en vez de aprovechar la gran oportunidad que tienen en ese corto tiempo para trabajar en mejorar la calidad de vida de los salvadoreños.
Retiros en efectivo, inmuebles, 14 propiedades registradas con prestanombres, carros, sobornos, 4.5 millones de dólares en 369 viajes de “placer” —boletos, hoteles, alquiler de vehículos, traslados, impuestos— derrochados por su círculo familiar Funes y amigos cercanos, y miles de dólares en cirugías estéticas fueron parte de los gastos ilegales con fondos públicos realizados durante la administración del expresidente, según la FGR.
Transferencias bancarias de dinero a la Presidencia de la República para reforzar la partida presupuestaria; Gastos Reservados o “partida secreta” de la cual los presidentes pueden tomar del fondo estatal para financiar actividades a discreción de la Presidencia, del ministro de Hacienda y del resto del Consejo de Ministros que puede ser una vía para desviar dinero.
Mientras esperamos que se llegue al fondo de este caso y se pueda recuperar algo de lo robado, el FMLN y otros lanzan una cortina de humo tergiversando la propuesta de la Ley General de Agua para distraer del caso de corrupción más infame de nuestra historia.
Engañan a la población diciendo que supuestamente se pretende “privatizar” el agua, porque no quieren aceptar que haya un ente regulador balanceado para evitar que funcionarios públicos continúen mal manejando y aumentando desmedidamente el precio del agua a su gusto. ¿Quiénes son los representantes propuestos para proteger los derechos de los salvadoreños evitando abusos? Cinco personas: Uno nombrado por el Presidente de la República; dos de Comures (alcaldías) y dos de la empresa privada.
No se pretende privatizar el agua sino evitar que este o cualquier gobierno en el futuro controle totalmente un recurso del que dependen nuestras vidas. ¿Por qué insisten en que este servicio básico sea manejado solamente por el Estado? ¿No maneja ya el agua Anda y cuáles son los resultados? Alto costo, cobros excesivos y mal servicio entre otros. ¿Por qué oponerse a que sea vigilado por representantes de la sociedad civil? ¿Por qué inventan una falsedad inconstitucional y llaman a una marcha basada en una mentira? Nadie quiere privatizar, pero sí que se garantice que el vital líquido llegue a todos eficientemente, especialmente a los más necesitados.
Ya vimos lo qué pasa cuando funcionarios públicos tienen total control del manejo de cualquier recurso. Debemos trabajar en que haya una verdadera transparencia y balance en el manejo público, estudiar los errores cometidos en gobiernos anteriores y eliminar las herramientas utilizadas por los dos ex presidentes y demás funcionarios acusados de corrupción, así como la “partida secreta”, para combatir el crimen organizado en el gobierno.
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