El caso judicializado esta semana por la Fiscalía, en el que se acusa a varias personas por su presunta participación en una red de corrupción que, según las investigaciones, fue organizada y operada por Mauricio Funes durante su presidencia, sin duda ha dominado los noticieros y programas de opinión. La gravedad del caso amerita que los detalles de la investigación se discutan ampliamente. Según la información revelada en esta primera etapa, los salvadoreños habíamos subestimado la profundidad y complejidad del problema. Es justo y necesario que conozcamos cómo operaba esta red y a cuánto asciende lo que se sustrajo del Estado.
La corrupción ha sido un tema protagónico durante los últimos años. El cambio radical en el estilo de vida de Mauricio Funes y muchos personajes ligados al oficialismo, se encargó de ponerlo en la palestra. La indignación de las personas que sedujeron con su discurso, centrado en eliminar privilegios y abusos, creció exponencialmente a medida fue siendo evidente su apetito por los lujosos gustos que criticaban antes de llegar al poder.
Al principio, quienes votaron por ellos siguieron creyendo en la imagen de humildad y sencillez con la que ganaron las elecciones. Recuerdo que en varias conversaciones escuché a personas mostrase escépticas ante los señalamientos y hasta repetir el discurso de que todo era parte de una confabulación fraguada por contrincantes ideológicos. Esto cambió. Noté cómo muchos de los que defendían a Funes y sus funcionarios, con el tiempo, empezaron a hablar sobre cómo la adicción a los lujos y excesos del exmandatario y figuras clave del oficialismo, ya no les permitía esconder sus extravagancias. Los ostentosos y numerosos vehículos e inmuebles que acumularon también se volvieron un reproche común entre quienes se sintieron engañados. Hasta las prominentes barrigas y cachetes de los funcionarios se volvieron un detalle al que muchas de estas personas se referían, atribuyéndolos al insaciable paladar por los más caros manjares desarrollado por Funes y compañía.
No hay duda de que los salvadoreños en general se sintieron insultados al tener que pagar cada vez más impuestos a cambio de servicios públicos de menos calidad, mientras los responsables no hacían ni el más pequeño esfuerzo por siquiera aparentar empatía con, y cercanía a, el salvadoreño promedio. Recuerdo el desencanto que muchos exhibieron, por ejemplo, cuando se fue convirtiendo en algo común ver a funcionarios del oficialismo con empleados al lado sosteniendo sombrillas para protegerlos del sol. La expresión más fuerte de este descontento son los resultados de las últimas elecciones.
Hay un detalle en el que tenemos que concentrar el análisis del caso. Según la investigación fiscal, Mauricio Funes sustrajo millones de dólares del Estado. Esto explica el deterioro en los servicios públicos y la insaciable sed por más fondos durante su gestión. Sin embargo, después de finalizar su mandato esto no ha cambiado. Los servicios públicos continúan deteriorándose y la sed por más fondos aumentó. ¿Debemos interpretar esto como un indicador de que el problema de la corrupción es ahora aún más grave? ¿Continuó profundizándose?
La verdad es que no podemos dar una respuesta inequívoca a estas interrogantes. Si se toma en cuenta que la cantidad de personas que ocupan puestos en el gobierno, para los que no serían ni considerados de no ser por su vínculo con el partido oficial, fácilmente se podría inferir que la respuesta a ambas preguntas es afirmativa. No obstante, eso sería una conjetura. Necesitamos más investigaciones como la que se judicializó esta semana para contestar este tipo de preguntas de forma certera. Debemos de presionar porque se continúe trabajando en esta misma dirección. Los que quieren que esto pare acá tratarán de que se cambie el rumbo. No debemos permitirlo.
Criminólogo