Ser político y hacer política en un país como El Salvador no es fácil; de hecho, tomar decisiones y crear consensos es un proceso lento que requiere mucha capacidad dentro del pleno legislativo. Sin embargo, esto no justifica realizar acciones poco responsables que atentan contra los servicios públicos salvadoreños. La propuesta del diputado Raúl Beltrán Bonilla de incrementar el subsidio que entrega el Estado al transporte público de El Salvador es políticamente antidemocrática, socialmente excluyente y económicamente inviable.
En la actualidad contamos con un transporte colectivo cuya administración es privada y que, además, recibe subsidio por parte del Estado. Adicionalmente, el Estado proporciona facilidades e incentivos económicos a un transporte ineficiente y de baja calidad; el cual, genera ganancias a sus respectivos dueños pero no responde a la necesidad de movilidad de las personas que usan el servicio. A raíz de esto, es políticamente antidemocrático asumir que el incremento del subsidio es una acción que se traduce en un beneficio general. Además, es irresponsable apoyar la propuesta de una gremial que poco representa los intereses de los usuarios del transporte público.
Por otro lado, argumentar que dicha acción es una forma de prevenir el aumento de la tarifa de transporte es ver el problema de manera superficial. No es la tarifa lo que debería preocupar al diputado del PCN —si realmente le preocupa el bienestar de los salvadoreños— sino seguir incentivando una estructura privada que abusa sistemáticamente de los recursos del Estado sin rendir cuentas a nadie. Esto, además, ha permitido que intereses privados se sobrepongan al interés público, premiando el uso del automóvil como la mejor oferta de movilidad ciudadana en un país con una pobre infraestructura vial. Como resultado, tenemos un modelo de movilidad interna que es socialmente excluyente.
Ahora bien, ante la situación del endeudamiento público salvadoreño, el Estado no se puede permitir invertir por sí solo en un transporte de calidad al servicio de los ciudadanos. Un primer paso es buscar financiadores que estén dispuestos a realizar una inversión compartida, cuyas ganancias sean distribuidas entre ambos inversores. Servicios como la electricidad, el agua y el transporte público siempre generan una rentabilidad exponencial y argumentar que la distribución de las ganancias entre el Estado y los inversores no es viable es priorizar el lucro antes de la calidad de los servicios ofrecidos a la población.
Si el diputado Beltrán Bonilla realmente cree en un país diferente, donde las personas tengan servicios de calidad y una vida digna, lo primero que debe hacer es ser congruente con su cargo público y dejar de apoyar estructuras que solo buscan ventajas a través del Estado sin ser eficientes ni eficaces; especialmente, gremiales como la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), que han demostrado a través de los años su poco compromiso con brindar un servicio de calidad. Recuerde, diputado, que como ciudadanos estamos pendientes de sus pasos y no permitiremos que se siga abusando del Estado en nombre de la población general.
Miembro de la Asociación
Nuestro Tiempo