Los candidatos a magistrados inician sus entrevistas mañana. La Corte Suprema tendrá nuevos jueces en Sala de lo Constitucional y Civil, y todos esperamos que sean los más competentes, honestos e independientes. Esto no es tarea fácil. Las experiencias anteriores con otros procesos de selección han dejado un mal sabor de boca; entrevistas con preguntas de cajón, sin que los diputados entrevistadores parezcan muy interesados en la calidad de las respuestas y sin que luego expliquen por qué un candidato es mejor que otro y este merezca ser seleccionado.
Diputados, ¿qué tipo de preguntas les harán? ¿Se limitarán solo a verificar que no tienen cuentas pendientes con la justicia, o saber si simpatizan o no con un partido, o si tienen experiencia laboral? ¿Qué hay de la filosofía jurídica? ¿Les preguntarán si creen que los derechos amplían su contenido o actualizan? ¿Creen en la interpretación de la letra de la constitución o creen que se entiende única y exclusivamente por el significado literal de sus palabras? ¿Respetarán lo que ya se decidió como inconstitucional o piensan cambiar lo decidido? Todo esto es importante y ahí radica la filosofía jurídica de un abogado.
Hay temas que un candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional debería saber. Cuestiones importantes como su postura acerca de la forma en que la Sala ha desarrollado jurisprudencia en derechos laborales, salud, medio ambiente, impuestos, derechos económicos y sociales, derechos políticos, acceso a la información pública, verdad, libertad de expresión, etc.; si sería conservador ante lo desarrollado por la Sala o tiene una postura más progresista al defender estos derechos.
Preguntas sobre si cambiaría las líneas jurisprudenciales en temas electorales que han delineado el actual sistema electoral salvadoreño; sobre elección de funcionarios, la cual ha obligado a cumplir procedimientos más detallados y transparentes ante la Asamblea; sobre la jurisprudencia referente al control del poder político, que quizá sea lo que más le interese a los diputados. ¿Qué tanto conocen la jurisprudencia en aspectos procesales? Ésta prácticamente ha suplido los vacíos de una Ley de Procedimientos Constitucionales de 1960.
Cuarenta y cinco minutos son insuficientes para conocer a los candidatos a magistrados. Por ejemplo, el comité judicial del Senado de los Estados Unidos que evaluó la candidatura de Sonia Sotomayor y Neil Gorsuch para la Corte Suprema de los Estados Unidos tardó cuatro días en concluir las audiencias en las que fueron interrogados en 2009 y 2017. Y sus preguntas indagan prácticamente desde la época universitaria hasta cada una de las decisiones que han tomado en su vida profesional y su opinión sobre casos concretos que ha resuelto la Corte. Y ojo, los candidatos no pueden alegar que están adelantando criterio cuando lo único que se pretende es conocer su pensamiento jurídico en abstracto.
Lo diputados también deben explicar a la población cómo evaluarán las respuestas de los candidatos. Lo preocupante de este proceso es que únicamente dos diputados que forman la subcomisión política son abogados. Si no tienen un conocimiento especializado en materia jurídica, y sobre todo en temas constitucionales, ¿cómo pretenden decidir cuál respuesta fue mejor o la más acertada?
Los diputados deben hacer pública la forma en la que pretenden ponderar la revisión curricular, la entrevista, la documentación que acredite moralidad notoria (no tener antecedentes penales, policiales, judiciales, en el Ministerio Público, Tribunal de Ética, estar solvente con la Corte de Cuentas y Hacienda, etc.) y cualquier otra forma de evaluación. Esto no puede quedarse en escuetas apreciaciones o valoraciones subjetivas de los diputados que den lugar a simples repartos partidarios. Tienen que elegir como magistrados a los mejores de los treinta candidatos y demostrar por qué lo son.
La entrevista a los candidatos no debe ser un simple trámite formal antes de la votación. No es posible que con la trascendencia de la elección de cuatro magistrados para la Sala de lo Constitucional y uno para otra de las Salas, los diputados se limiten a preguntar cualquier cosa y se conformen con escuchar cualquier respuesta.
Diputados, la pelota está en su cancha. Quizá nunca en la historia de El Salvador un proceso de elección de funcionarios había sido tan supervisado a nivel nacional e internacional por la sociedad civil. Cualquier paso mal dado tendrá repercusiones y un costo político que pagar por sus partidos en las elecciones presidenciales del 2019. Estamos vigilantes.
Abogada, columnista
de El Diario de Hoy