Los ciudadanos estamos vigilantes de la elección que hará la Asamblea Legislativa de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y quiénes sustituirán a los actuales miembros de la Sala de lo Constitucional, cuya valentía en la defensa de la Constitución les ha ganado el título de los Cuatro Magníficos, tan atacados y hasta insultados por el FMLN.
Ha sido muy criticado el proceso de selección de los candidatos, de los intentos de la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) por suprimir los filtros establecidos para lograr un proceso trasparente, defendidos por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), señalamientos de pertenencia a partidos políticos de los postulantes, falta de estudios de Derecho Constitucional y dudas de la moralidad y conducta intachable exigidas.
Recientemente estuvo en el país Úrsula Indacochea, abogada peruana que trabaja para la Fundación para el Debido Proceso de Ley (DPLF), con sede en Washington, hablando sobre los estándares internacionales que deben regir la elección de funcionarios de alta magistratura, como los de la Corte Suprema. Se refirió a las falencias del sistema de preselección de los candidatos a magistrados, así como los elementos que debería incluir el diseño del perfil, que hoy no está regulado.
En dicho perfil debe tener un peso muy fuerte un conocimiento jurídico sobresaliente, pero no solamente en cuanto a formación académica, sino si dichos conocimientos pueden ser aplicados correctamente, así como experiencia en resolución de casos complejos y la manera de razonarlos. De mucho peso es la moralidad notoria, que genera la confianza de la ciudadanía en el proceso. En cuanto a la independencia partidaria, ella consideró importante analizar la antigüedad e intensidad de la vinculación con el partido.
Expresó que el sistema de selección de precandidatos por medio del voto, incumple el estándar de evaluación por mérito, y que el voto popular no privilegia ni premia el mérito de las personas, sino sus niveles de contactos, su popularidad, lo que contraviene la posición institucional de la DPLF, que ella representa. Recomienda a la Asamblea hacer algunos ajustes a su reglamento interno, porque los cuatro artículos que tiene son insuficientes. En un documento que contiene experiencias de otros países se menciona que las entrevistas tienen que ser públicas, no a puertas cerradas, en un foro participativo en que los ciudadanos individualmente o a través de organizaciones o universidades puedan participar, con preguntas y objeciones.
Comenta que mientras en Estados Unidos hay tres horas de entrevistas, tres días a cada candidato, más cinco horas cada día de lectura de cartas de apoyo o de rechazo, aquí las entrevistas duran 10 minutos, con un cuestionario conocido previamente por el candidato. Y que la facultad que le da el reglamento a la Comisión Política de acortar la lista es tan amplia que en teoría podría echar por tierra el esfuerzo realizado en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ?) y Fedaes.
Concluye que la preselección nunca puede ser política, sino técnica, y en nuestro caso la votación de candidatos presentados en la Asamblea tiene tintes políticos; que se debe elegir a los mejores, empezando a debatir por el número 1, y si no se elige, justificar por qué a pesar de tener la mejor calificación, no fue escogido. Según la experta, el perfil del magistrado debería incluir habilidad técnica, conocimiento legal sobresaliente, independencia, imparcialidad, conducta intachable, capacidad de entender las consecuencias sociales y jurídicas de sus decisiones. Los diputados tienen un serio compromiso con los ciudadanos, ante las recomendaciones de la funcionaria del DPLF y la evidente necesidad de una reforma en el reglamento para futuras elecciones. Pero los salvadoreños ya estamos alerta, vigilando la labor de los diputados en tan delicada elección. No pueden fallar.
Columnista de
El Diario de Hoy