La desaparición y presunto homicidio de la agente Carla Ayala es solo un atisbo de la descomposición que ha experimentado la Policía durante los últimos años. La situación es mucho más grave. Algunos sostienen que la PNC está enferma desde hace ratos y argumentan que el encubrimiento de delitos perpetrados por policías es una práctica vieja dentro de la Institución, heredada de los antiguos cuerpos de seguridad y los gobiernos de derecha. Esa una lectura imprecisa, sesgada y poco técnica, ya que atribuye los problemas de la Policía en El Salvador exclusivamente a razones ideológicas y no abre el espacio para incorporar las características propias de las agencias policiales, vinculadas a la evolución de los modelos de policía a nivel mundial.
La ciudadanía deposita un enorme nivel de confianza en la policía y le concede una gran cantidad de poder y, al mismo tiempo, mucha discreción en su actuar. Todos nos sometemos a la autoridad de la Policía y nos comportamos bajo el supuesto de que ésta tiene la facultad de despojarnos de nuestra libertad si cometemos en un delito. Somos parte de una sociedad y, en consecuencia, nos adherimos a normas colectivamente instauradas que regulan nuestra conducta, evitando violarlas a toda costa. Resulta fácil que las agencias policiales y sus miembros, si no existen los controles adecuados, abusen de la autoridad que les conferimos. La calidad y robustez de estos controles han experimentado una evolución vinculada a las tendencias en las prácticas policiales a nivel mundial.
Así como la medicina, arquitectura y construcción, por ejemplo, han experimentado momentos diferentes en su historia, marcados por tendencias que han guiado la forma en que se desempeñan funciones específicas, el trabajo desarrollado por las policías ha estado sujeto a diferentes niveles de control dependiendo los modelos de trabajo adoptados. Las policías en Norte América, por ejemplo, operaban bajo controles relativamente endebles durante los sesentas, setentas y ochentas. Los abusos de autoridad eran comunes. Desde entonces se ha experimentado un cambio de paradigma, en el que los sistemas de control y penalización de los abusos se han convertido en un eje prioritario. Esto ha traído consigo una tendencia importante que ha adquirido más popularidad durante la última década: la instauración de entidades de supervisión civil, encargadas de monitorear, investigar y sancionar abusos de autoridad cometidos por policías. Este modelo ha ido ganando terreno, lentamente convirtiéndose en la norma a nivel internacional.
La historia ha demostrado que el encubrimiento de hechos delictivos entre policías se da tanto en gobiernos de derecha y como en gobiernos de izquierda. La frecuencia y gravedad de esta práctica están asociadas con la fuerza e independencia de los sistemas de monitoreo y control de abusos de autoridad. Ahora que la tendencia a nivel mundial es incorporar mecanismos de control rigurosos, es importante analizar por qué el país ha escogido alejarse de ese modelo. Mientras en los países más avanzados los policías están usando cámaras de equipo para gravar sus interacciones con ciudadanos, en El Salvador el trabajo de la Inspectoría es cada vez menos visible y contundente.
Casos como el de Carla Ayala ponen en perspectiva la gravedad del problema al interior de la Policía. La influencia de los intereses partidarios de oficialismo es elemento clave para explicarlo. En su afán por tomarse la institución, el FMLN nombró a las personas equivocadas en puestos clave. La ambición electoral también llevó al oficialismo a negociar con las pandillas, sacrificando a los policías y sus familias. Estos y otros factores han contribuido a crear las condiciones perfectas para que la Policía incursionara en acelerado proceso de deterioro. El próximo gobierno tendrá la increíble tarea de revertir el daño causado.
Criminólogo
@_carlos_ponce