El próximo 1º de junio se cumple el cuarto año de gobierno del presidente Sánchez Cerén. Han iniciado las valoraciones de sus críticos, de los adversarios políticos, de los analistas y de sectores estratégicos como la empresa privada y los sindicatos. Al final la evaluación más importante es la de la propia ciudadanía. En el informe del Departamento de Estudios Políticos de Fusades se destaca el estilo dialogante del mandatario que ciertamente contrasta con los métodos confrontativos del expresidente Funes. También se valora positivamente la actitud del actual gobernante respecto de la democracia representativa. Durante su mandato no ha promovido reformas a la Constitución para modificar la forma de gobierno. La crítica viene más bien por el silencio del presidente. No se ha pronunciado en contra de las expresiones de los líderes de su partido cuando proponen modificar la Constitución para introducir la democracia directa sin filtro alguno, concentrar el poder político y nacionalizar algunas actividades productivas.
Los empresarios reconocen el carácter sencillo del presidente y no esconden su simpatía por una personalidad menos agresiva y más tolerante a la crítica. Sin embargo resienten que el diálogo no se haya traducido en resultados concretos. La designación arbitraria del representante del sector privado ante la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), el veto a la Ley de Simplificación Administrativa y la discusión de un nuevo ajuste salarial sin resolver aún la integración ilegal del Consejo Nacional del Salario Mínimo son algunos de los episodios que empañaron la relación entre las gremiales empresariales y el Presidente de la República durante los últimos 12 meses.
Por otra parte, a diferencia de anteriores procesos electorales, en los que el uso de recursos del Estado a favor del partido oficial ha sido una constante, durante las recientes elecciones legislativas y municipales, el presidente no lideró una campaña en apoyo de los candidatos a diputados y alcaldes del partido oficial. No obstante en esta área se le señala al mandatario la confusión que generó entre los electores el veto al decreto que prorrogaba la vigencia del Documento Único de Identidad exclusivamente para ejercer el sufragio.
En cuanto al compromiso del presidente con la democracia se advierte sobre las expresiones del mandatario en contra de la Sala de lo Constitucional, su empeño por respaldar regímenes antidemocráticos como el de Nicolás Maduro en Venezuela y su indiferencia ante la represión de Daniel Ortega frente a las protestas de distintos sectores de la sociedad nicaragüense. En cambio se le atribuye un comportamiento correcto en el ámbito de la libertad de prensa cuando, en ocasión del asesinato de una periodista de La Prensa Gráfica, expresó que apoyaría una ley para la protección del gremio.
La seguridad pública es otro de las áreas evaluadas. El informe registra un deterioro acelerado de la credibilidad de la Policía Nacional Civil. Se documentan denuncias en su contra, incluidas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, la presunta corrupción administrativa y una crisis interna revelada al interior del que se conoció, hasta antes de la desaparición de la agente Carla Ayala, como Grupo de Reacción Policial (GRP). También se abordan avances positivos: la reducción de homicidios durante el período examinado, el incremento de la capacidad instalada de los centros penales y la ampliación de los programas de reinserción para los internos, entre otros aspectos.
El informe incluye un análisis de las bases de sustentación del Presidente. Se trata de observar la solidez, o en su caso, el resquebrajamiento de las relaciones del mandatario con el partido que lo llevó al poder, con los movimientos ciudadanos que respaldaron su candidatura presidencial, con los sindicatos y con los movimientos sociales. La debacle del 4 de marzo y los reclamos de la militancia hacia el gobierno son analizados en este apartado. De la misma manera es muy relevante conocer el grado de eficacia de la administración. Se evalúa el grado de cumplimiento de las promesas del presidente, sus resultados y el impacto de las políticas públicas en el bienestar de la gente. Finalmente se incorpora una apreciación sobre el impacto de las sentencias de la Sala de lo Constitucional en los últimos nueve años. El documento puede ser consultado en www.fusades.org.
Columnista de
El Diario de Hoy.