La justicia nunca deberá partidarizarse

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Por José Domingo Méndez

30 May 2018

La división de poderes de Locke y Montesquieu.

Según estos autores: el poder y las decisiones no debían concentrarse para evitar la tiranía.

La división de poderes es un principio de organización política que se basa en que las distintas tareas asignadas a la autoridad pública están repartidas en órganos distintos y separados. Los tres poderes básicos de un sistema político serían: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ya Aristóteles atisbó esta división, pero fueron Locke y sobre todo Montesquieu, quienes plantearon esta clásica división. El poder y las decisiones no debían concentrarse para evitar la tiranía. Por lo que debían existir órganos de poder distintos que se controlarían unos a otros, todo bajo un sistema de pesos y contrapesos, con lo cual se atacaba uno de los pilares de la monarquía absoluta, o sea la concentración de poderes en una sola institución, en este caso la corona.

Montesquieu en su teoría de la división de poderes (el espíritu de las leyes 1748), expresó: cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.

Así sucede también cuando el poder Judicial no está separado del poder Legislativo y del Ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno el mismo juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico por cuanto el juez gozaría de la fuerza misma que un agresor.

En la actualidad en Latinoamérica, existe una peligrosa tendencia de concentración del poder en uno de los Órganos del Estado, en todo caso el Ejecutivo, basta con observar lo que ocurre en Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela y Nicaragua, donde se observa un poder Judicial, anulado, obediente y sumiso que ha permitido reformar o violar sus respectivas Constituciones para entronizar todo el poder político en manos del Ejecutivo y llevar a cabo violaciones a los derechos humanos de su pueblo. Debemos tomar ejemplo de estos gobiernos que han permitido tales desafueros.

Es lamentable y preocupante presenciar que nuestros dos últimos gobiernos se han convertido en seguidores y admiradores de esa conducta política donde se viola flagrantemente la Constitución de la República.

En nuestro caso, es de notar que la Sala de lo Constitucional que termina su periodo en próximo mes de julio, se ha convertido en la defensora del principio de la división de los poderes, propugnado desde su inicio por Aristóteles y con posterioridad por Locke y Montesquieu, al impedir la injerencia de los otros poderes del Estado, quienes tratan de revertir sus fallos y evitar que se ejerza su facultad de controlar constitucionalmente el poder político.

La actual Asamblea Legislativa, tal como lo hemos expresado antes de ahora tiene en sus manos un gran reto, cual es la elección de los Magistrados que habrán de sustituir a los actuales, que durante estos últimos nueve años se han convertido en un bastión en la defensa de la institucionalidad y la democracia.

Por todo lo anterior, la actual Asamblea Legislativa deberá asegurarse y tomar en cuenta que los Magistrados que elijan deberán poseer las cualidades de moralidad, idoneidad y competencia notoria y sobre todo su independencia en el más amplio sentido de la palabra y carecer de filiación política partidaria. Dicha independencia es vital porque no se debe permitir que se elijan Magistrados vinculados a algún partido político que ejerza el poder al frente del Ejecutivo, debido a que en nuestro caso se lograría silenciar la voz vigorosa de la actual Sala de lo Constitucional. En Venezuela y Nicaragua y otros países en el Sur del Continente, el Poder Judicial es cómplice de sus respectivas dictaduras, con las fatales consecuencias que estamos presenciando en la actualidad. Definitivamente la justicia nunca deberá partidarizarse.

De no hacerlo así, estaremos dando un paso en la dirección equivocada y escogiendo el camino para engrosar la lista de fracasos de los países antes mencionados.

CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL que nos honramos en presidir y las demás organizaciones de la sociedad civil, seguiremos atentos a los acontecimientos en su rol de verificación social y auditoría ciudadana.

Presidente de Concertación Democrática Nacional y

expresidente de la Corte Suprema de Justicia.