Los diputados jóvenes y los electos por primera vez deben aplicar un mejor y más efectivo control político sobre el resto de las instituciones del Estado, particularmente sobre el Órgano Ejecutivo. La función de los legisladores no se limita a la aprobación de la ley. También deben procurar su efectiva aplicación y medir los efectos que produzca.
Algunos grupos parlamentarios evalúan el éxito del período en función del número de cuerpos legales ratificados. Esa mala práctica se conoce en la doctrina como “fatiga legal”. Se trata de una peligrosa costumbre en la que, no obstante, la abundancia de leyes, la impunidad y la falta de Estado de Derecho reflejan una realidad muy diferente al “deber ser” que pretendieron impulsar los diputados.
La Constitución y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) establecen una serie de atribuciones que facilitan su función contralora. La fiscalización de la gestión pública, el impacto económico de las iniciativas legales de la presidencia, la elección de segundo grado de funcionarios, la superación del veto o de las observaciones del presidente a una ley o reforma de ley, son solo algunos de los ámbitos en los que también es necesaria la intervención legislativa.
Todas son capacidades conocidas pero muy poco utilizadas por los parlamentarios. El Órgano Legislativo cuenta, por ejemplo, con la “unidad de análisis y seguimiento del presupuesto” que, entre otras funciones, persigue “verificar y evaluar las metas logradas según las memorias de labores que el Órgano Ejecutivo presenta a la Asamblea”. Esta es una herramienta muy valiosa para comprobar la eficacia de la administración pública. Sin embargo, año tras año, se reciben los informes de los ministros y el del presidente y no se dice ni se hace nada para corregir las deficiencias en la implementación de las políticas públicas ni para eliminar los gastos superfluos.
Precisamente otro mecanismo de control es la aprobación del presupuesto general del Estado. El examen crítico del proyecto que presenta el Ministerio de Hacienda, principalmente por la oposición, es muy pobre y no existe una auditoría periódica sobre el incumplimiento de las metas de ejecución. Debe procurarse un estudio técnico más riguroso que sugiera cambios y redistribución de dinero en función de las diferentes necesidades teniendo en cuenta que la Asamblea puede “disminuir o rechazar los créditos solicitados pero nunca aumentarlos”.
Tampoco hay una supervisión efectiva de los viajes del Presidente de la República. Se ha instaurado, desde hace varios quinquenios, una mala práctica que consiste en otorgar al mandatario un permiso anual para ausentarse del país en cualquier momento y a cualquier destino de América, Europa, África, Asia y Oceanía. A su regreso no se verifican los logros o beneficios que se obtuvieron con esa inversión.
Las comisiones legislativas son otra instancia para auditar al Estado y a los funcionarios y empleados que lo integran. Las hay de carácter permanente, transitorias, ad-hoc y especiales. Las primeras identifican vacíos que es necesario regular para un mejor desempeño de las actividades del Ejecutivo y de otras instancias públicas. Salvo contadas excepciones, el resto de comisiones han sido utilizadas para juzgar a los adversarios políticos y casi siempre en época electoral. Sus recomendaciones no son vinculantes y todo lo que se diga, afirme o rechace en el marco de un proceso no constituye prueba en la instancia judicial.
Finalmente se encuentran las interpelaciones y los antejuicios. Son dos procedimientos que persiguen atribuir responsabilidades a determinados funcionarios. En la mayoría de ocasiones su uso ha sido político partidario. Entre 1990 y 2018 se han realizado dos interpelaciones y cinco antejuicios. Solo en dos de estos últimos casos se procesaron a diputados que una vez desaforados fueron condenados por la justicia.
Por otra parte, en el marco de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la legislatura 2018 - 2021 haría bien en revisar las disposiciones del RIAL para mejorar la evaluación del perfil de los aspirantes. También debe utilizar controles más estrictos para vigilar el comportamiento ético de los diputados.
Un buen uso de las disposiciones descritas mejoraría la imagen del Congreso y contribuiría a maximizar el desempeño del Ejecutivo y de las instituciones públicas en general.
Columnista de
El Diario de Hoy