El populismo se escuda en la falta de institucionalidad. Por eso El Salvador necesita blindajes para que aquél no le contamine durante el quinquenio 2019-2024. Tenemos un alto endeudamiento y un abultado gasto público; existe un serio problema de seguridad pública agravado por la alarmante situación de violencia intrafamiliar; no se tienen incentivos orientados a revertir la caída en la mayoría de índices que miden el clima de inversión; y continúan las amenazas a la independencia de poderes y el debilitamiento del sistema judicial. Hay quienes pretenden contrarrestar esta realidad con medidas cortoplacistas y desechar estudios y diagnósticos en los que se plantean soluciones estructurales a los dilemas citados.
En 2013 la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knul, presentó las conclusiones de la misión que visitó el país durante noviembre de 2012 para conocer de las denuncias a raíz de la crisis institucional que protagonizaron en ese año la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Se trató de recomendaciones que conservan su vigencia y que, lamentablemente, no han sido atendidas.
La exrelatora propuso revisar el procedimiento para el nombramiento de jueces y magistrados con el propósito de evitar la intervención de los partidos políticos y de grupos económicos. Agregó que deberían asignarse suficientes recursos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Procuradurías General y de Defensa de los Derechos Humanos para que puedan cumplir sus mandatos constitucionales. Advirtió que es necesario garantizar la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados y que deben adoptarse acciones para fortalecer la coordinación entre los fiscales y la Policía Nacional Civil, así como mejorar la capacidad técnica de esta última para investigar los delitos y reunir las pruebas que se presentan en las actuaciones judiciales.
En los siguientes cinco años hace falta un “apretón de tuercas” a la institucionalidad que consolide la jurisprudencia constitucional sobre el perfil de quienes presidirán instancias de control como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la FGR, todo con la determinación de conservar la solidez y el equilibrio del sistema político.
Las observaciones de la ex-Relatora de Naciones Unidas no revelaron nada que la sociedad civil organizada no hubiera denunciado con anticipación en anteriores ocasiones. Que en aquella oportunidad lo ratificara la máxima instancia a nivel mundial en materia de independencia judicial, y que varios de sus señalamientos sean de actual aplicación, es motivo suficiente para llamar la atención de los partidos políticos y principalmente de los presidenciables. Las propuestas de la señora Knul, registradas en aquel informe, son insumos estratégicos para los equipos de campaña y, como mínimo, tendrían que incorporarse en los planes de gobierno.
Al igual que en el caso de Naciones Unidas, se cuenta con otras sugerencias en el ámbito fiscal por parte del Fondo Monetario Internacional, en materia de elecciones por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, y respecto de la facilidad para hacer negocios por el Banco Mundial. Todos estos organismos ofrecen asesoría técnica para la implementación de iniciativas orientadas a prevenir apuros que deriven en protestas sociales como las que hemos presenciado en América Latina en los últimos años.
El panorama es muy incierto y con él son imprecisos los efectos que provocará el ambiente electoral en diversas áreas del desarrollo nacional. La designación de los magistrados de la CSJ en julio de este año y la del Fiscal General en enero de 2019, durante la campaña presidencial, será un buen termómetro para medir el nivel de compromiso con la autonomía de las instituciones por parte del próximo mandatario lo mismo que el de su fracción legislativa.
En resumen, para resguardar a la Nación del populismo no se debe confiar solo en los gobernantes sino y principalmente en el Estado de Derecho, en la institucionalidad democrática y en la cultura de la legalidad. Además la vigilancia ciudadana, un buen sistema anticorrupción y el respeto a la separación de poderes constituyen, como lo hemos reiterado en otros editoriales, la más efectiva protección frente a la politiquería.
Columnista de
El Diario de Hoy.