El vacío de autoridad, el ejército y el diálogo

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Por Elvira Cuadra

16 May 2018

El sábado 12 de mayo, después de más de 12 horas de una brutal represión de la policía y fuerzas paramilitares en contra de la ciudad de Masaya, los medios de comunicación anunciaron un mensaje del presidente Daniel Ortega. El mensaje, vía telefónica, no duró ni un minuto y en realidad no dijo nada sustantivo ni se refirió a lo que sucedía en Masaya. Más allá de las dudas generalizadas sobre la autenticidad del mensaje, vale la pena prestar atención a tres temas cruciales: un escenario de vacío de autoridad, el posicionamiento del ejército y el futuro del diálogo.

La ausencia prolongada de Daniel Ortega en una situación de crisis nacional –12 días desde su última aparición en público hasta el dudoso mensaje telefónico–, así como la ausencia de otras autoridades estatales, han creado en la práctica un vacío de autoridad. El país no tiene una cabeza visible que se haga cargo de la situación y responda ante la ciudadanía. La gente está demandando que el presidente dé la cara y una gran pregunta flota en el aire: ¿quién, realmente, está gobernando al país?

La estrategia del gobierno de rendir a la ciudad de Masaya a toda costa antes del lunes 14 de mayo, fecha crítica señalada por la Conferencia Episcopal, y mantener focos de represión para aparecer en una posición de fuerza, no dio resultado. El movimiento social amplio y multitudinario que se ha mantenido en las calles resistiendo la represión de la policía y los grupos paramilitares han quebrado todas las estrategias y los esquemas de análisis tradicionales del gobierno. La policía pasó de ser una institución estatal a convertirse en una banda que no se distingue de los grupos paramilitares que atacan a manifestantes indefensos, su jefatura tampoco da la cara ni está claro quién la dirige.

En ese escenario, el ejército también se pronunció el sábado por la noche reiterando su apego a la Constitución y las leyes, asegurando que no había efectivos militares involucrados en los actos de represión, que se mantendría en sus cuarteles y que sus actuaciones se limitarían a la protección de objetivos considerados importantes. El comunicado generó una ola de opiniones contradictorias en la sociedad nicaragüense; mientras algunos desconfían de la franqueza del comunicado, otros consideran que el posicionamiento revela el distanciamiento de la institución militar respecto al gobierno Ortega.

Desde mi punto de vista, la fuerza, masividad y creatividad del movimiento ciudadano demandando justicia y la salida del gobierno, ha quebrado todas las estrategias y las lógicas del gobierno. La represión y la represalia no les han dado resultado y la firmeza de la toda la sociedad protestando en la calle y reclamando su renuncia, justicia para los jóvenes asesinados y las víctimas, así como el restablecimiento de la democracia, los ha arrinconado. Su artilugio político de utilizar el diálogo como un compás de espera para ganar tiempo, no ha funcionado y tampoco han logrado quebrar el consenso entre los representantes de la sociedad, así como el consenso de la Conferencia Episcopal en su papel de mediadora. De manera que están obligados a sentarse y en condiciones de debilidad.

En uno de mis primeros comentarios sobre el ciclo de movilización social y protesta, decía que una de las peores decisiones del gobierno era involucrar al ejército en las acciones de represión contra la población porque la consecuencia sería un grave escalamiento de la violencia. Que el ejército se mantenga en sus cuarteles es una decisión sensata y necesaria no solo para evitar mayores niveles de violencia, sino también porque su intervención quebraría la posibilidad de una salida pacífica y democrática donde prevalezca la voluntad de la sociedad nicaragüense. El ejército no puede ser el fiel que incline la balanza. No en esta ocasión. El fiel de la balanza es la fuerza de la sociedad nicaragüense.

Sin autoridad, sin credibilidad, sin legitimidad, sin respaldo de sus bases y sin la posibilidad del uso de la fuerza más letal, el gobierno está obligado a negociar su salida. Pero no en sus términos, sino en los de la sociedad nicaragüense. Mientras más retrase el momento, más aguda será su debilidad y más dura la alternativa de salida. Tienen que reconocerlo y sentarse ya.

Investigadora y socióloga nicaragüense, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp)www.elviracuadra.wordpress.com