Próximo gobierno debe rechazar las dictaduras

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Por José Domingo Méndez

11 May 2018

En las últimas semanas hemos visto con preocupación cómo, contra todos los pronósticos de hace apenas unos meses, la situación política y social en la hermana República de Nicaragua se ha venido deteriorando.

Los analistas conocedores de la situación del vecino país resumen el grado de estabilidad relativa del gobierno sandinista basado en un acuerdo en el que se habían dividido las tareas: los negocios para el sector empresarial (COSEP) y la política para el presidente Ortega y su grupo en el FSLN.

Ese acuerdo de conveniencia aparentemente había funcionado, pero por debajo, en las entrañas de la sociedad nicaragüense, el conflicto de intereses se venía gestando, exacerbado por los excesos en la discrecionalidad en el manejo político y el nepotismo a su máxima expresión en el que la esposa del presidente desempeñando el cargo de vicepresidenta ha ejercido una influencia decisiva.

La sociedad, marginada de los beneficios del crecimiento económico, del desarrollo social y de las oportunidades políticas, ha venido resintiendo cada día más la debilidad institucional y la falta de oportunidades reales para aprovechar cierto grado de bonanza económica en beneficio de la mayoría.

Una vez más comprobamos que los gobiernos autodenominados de izquierda y que en teoría buscan y propugnan por el bienestar social de la población, una vez en el poder tienden a utilizar la institucionalidad para concentrar el poder político y obtener beneficios económicos, lo que precipita su falta de legitimidad y propicia su agotamiento como opción política.

El caso de Nicaragua es un ejemplo palpable, la feroz represión desatada por la dictadura Ortega-Murillo contra los estudiantes y demás patriotas nicaragüenses, supera la de los tiempos de la dictadura de los Somoza, o sea pues que los revolucionarios de antes se han convertido en los opresores de hoy, cobrando legitimidad, el grito unánime de miles de nicaragüenses expresando la consigna: Ortega y Somoza son la misma cosa.

Así hemos visto caer, por diferentes problemas y con sus matices y particularidades, paradigmas de gobiernos latinoamericanos como el de Brasil, Bolivia, Ecuador y ahora Nicaragua, con el peligro de acercarse cada vez más al fracaso generalizado que representa el régimen venezolano, del dictador Maduro, en el cual solo presenciamos hambre, dolor y muerte.

Ello no demuestra necesariamente, que las modalidades llamadas de izquierda o de orientación socialista sean malas en sí mismas, tampoco significa que todas las modalidades capitalistas o de derecha sean la solución a los problemas sociales, lo que se ha podido comprobar por décadas.

Lo único que queda meridianamente claro es que las extremas a ultranza son contrarias a la democracia, que la polarización política impide el avance de los pueblos y que las sociedades modernas deben aprender a insertarse en la modernidad y la globalización con capacidad, claridad de objetivos y ética política.

Nuestro próximo gobierno debería de diferenciarse del actual y tomar debida nota de los ejemplos anteriores para no repetir los errores, corregir los desajustes y replicar los avances logrados por otras regiones y países, así como garantizar un claro distanciamiento de cualquier forma de dictadura, expresándose públicamente en su contra en los conclaves internacionales, interpretando de esta manera el sentir y pensar del pueblo salvadoreño, lo que precisamente no ha realizado el gobierno de turno. Es imperativo abandonar las prácticas del pasado y propiciar el diálogo y la concertación por encima de la imposición.

La actual Asamblea legislativa resultante de las elecciones del 4 de marzo, y que tomó posesión el 1 de mayo, en su composición multipartidaria, tiene en sus manos la mejor de las oportunidades, para recobrar credibilidad y avanzar en la consolidación de la democracia poniendo los intereses nacionales por encima de los de grupo, sector o partido y garantizar el rumbo adecuado de nuestra historia.

Su primera prueba de fuego será la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se debe elegir a los mejores hombres y mujeres para el servicio a la Patria, en defensa de la institucionalidad y la democracia.

Presidente de Concertación

Democrática Nacional y

expresidente de la Corte

Suprema de Justicia