Es impresionante cómo dependiendo de si el interlocutor es funcionario público o ciudadano común y corriente, su lectura de los principales problemas del país varía. No es raro que haya pequeñas discrepancias. Después de todo, los funcionarios quieren vender su trabajo, pero El Salvador que describen es en extremo diferente al que se esboza en las conversaciones cotidianas entre salvadoreños silvestres.
Resulta chocante e indignante escuchar a los funcionarios de seguridad, por ejemplo, argumentar una y otra vez que las extorsiones han experimentado una sensible disminución, mientras, en confidencia, amigos cercanos te confiesan la agonía a manos de los pandilleros, la ansiedad que les provoca lograr vender lo suficiente para poder pagarles y que ningún empleado sea lastimado.
Los funcionarios de seguridad hablan con tal elocuencia y seguridad que algunas personas terminan pensando que quizás esas historias de terror que se escuchan a diario no son el común denominador, que el resto del país vive una realidad distinta y los de la mala suerte son esos que nos cuentan sus malas experiencias. Es, por lo tanto, justo reconocer el valor de los informes independientes para desvanecer esas dudas, como el explicado recientemente por la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal) sobre las extorsiones, ya que ponen las cosas en justa perspectiva.
Según Camarasal, la extorsión no ha dejado de tener un impacto significativo sobre la economía nacional. Es más, el informe descrito por el presidente de la entidad, Javier Steiner, revela que dos empresas cierran a la semana por las extorsiones. Steiner explicó que las medidas “extraordinarias” no han aliviado la situación para nada.
Este tipo de informe y la diseminación de sus hallazgos le da voz a los miles de salvadoreños que tienen que soportar los embates de este delito mientras escucha a los funcionarios hablar de un mundo ficticio. Provee a la sociedad general un fundamento objetivo sobre el cuál la ciudadanía puede exigir a los políticos. Permite orientar la agenda y narrativa en torno a problemas puntuales como la extorsión y desenmascarar discursos engañosos.
La desconexión evidente entre las realidades planteadas por el sector privado y los funcionarios gubernamentales es indignante. Sugiere que el problema está lejos de solucionarse, ya que los encargados de la seguridad del país no tienen idea de lo que se vive en el terreno o, si lo saben, no les importa. Independientemente de cuál de los dos sea el caso, el escenario es poco alentador. Así jamás se logrará controlar la situación. Es imposible arreglar algo si no se sabe que está arruinado o si se quiere convencer a otra persona que funciona perfectamente para que lo compre. Así nunca se va a llegar a estrategias y políticas que tengan un impacto significativo.
Si los funcionarios de seguridad no conocen la magnitud o tendencia real del delito de extorsión, o se rehúsan a reconocerlas, ¿cuán precisos son sus planteamientos sobre los demás temas sobre los que hablan? He escuchado, por ejemplo, a Howard Cotto hablar en diferentes tonos sobre el caso de la agente Carla Ayala. Lo vi actuar con impresionante indiferencia, tratando de vender la hipótesis equivocada que hasta llevó a desenterrar el cuerpo de una anciana bajo el argumento que su muerte había sido un invento para enterrar a la agente. Honestamente, esto no me genera aún más dudas sobre la veracidad del discurso oficial.
Estamos por finalizar un período presidencial. No importa quién gane, lo lógico e inteligente sería renovar el gabinete de seguridad completo y designar a personas que despierten esperanza y confianza. Quedarse con los actuales titulares no sería sabio. La pregunta es ¿Podrán esas nuevas autoridades cambiar la percepción ciudadana? ¿Podrán generar confianza? Indudablemente mucho dependerá de cómo finalicen las quienes ahora están al frente y qué partido resulte ganador en los próximos comicios.
Criminólogo
@_carlos_ponce