A los políticos no les gusta que se les cuestione. Pero cada vez que nos enteramos de una decisión discutible o cuando tratan de ocultar información, es necesario que recordemos la importancia de hacerlo; hay que cuestionar. Como ya es costumbre, ante una pregunta que les incomoda, la mayoría de políticos en El Salvador se desentienden, evaden o cambian los temas que no les conviene afrontar. Hay que insistir, la clase política no puede pretenderse incuestionable.
Lo bonito de vivir en una democracia es que cada quien puede pensar lo que quiera y es libre de expresarlo. La libertad de expresión es pilar fundamental de una república, goza de especial protección y esta se manifiesta de distintas formas: la difusión de ideas, disenso, crítica, protesta. En el caso de la libertad de prensa, su razón de ser es el cuestionamiento al poder. Estas libertades son las que enriquecen el conocimiento, el diálogo y deberían colaborar a una mejor toma de decisiones por parte de los funcionarios que son receptivos.
Ese ejercicio de la libertad de expresión y de prensa son las que los políticos fomentan al momento que son candidatos. La defienden en esa etapa de la campaña electoral donde su principal misión es obtener cámara, una foto en el periódico o una mención que les haga levantar perfil. En esos momentos son férreos defensores de las libertades de la ciudadanía y quizá no compartan lo que pensamos, pero andan diciendo que defenderían hasta con su vida nuestro derecho a que lo digamos. Todo acaba cuando ganan la elección.
Ahora que los diputados de la Asamblea Legislativa y los concejos están instalados, ya varios sacan a relucir sus conductas antidemocráticas. Diputados defendiendo a ultranza los bonos, sin ninguna justificación legal o razonable; protocolos que gozan de cualquier cosa menos de entendimiento al ser impuestos por los bloques mayoritarios; los oídos sordos a las exigencias del pueblo de reducir la junta directiva del legislativo; los concejos municipales con amenazas de despidos masivos. En estos casos, los cuestionamientos y la crítica a la política están ahí para poner en la palestra pública las injusticias que se cometen.
Lo peor de estas situaciones son aquellos políticos que se molestan cuando un periodista o un ciudadano les critica sus decisiones. Lo escribí en mi columna “los incuestionables” el año pasado y hoy vale la pena repetirlo: los periodistas y los ciudadanos están para preguntar, y ustedes, porque les delegamos el poder, para responder. Si no están dispuestos a ser pasados por fuego, si no están dispuestos a soportar y responder a la crítica, mejor retírense de la política.
Los funcionarios deben entender que la crítica a su gestión o el disenso a sus decisiones son gajes del oficio con los que tienen que aprender a lidiar. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué están negociando, qué decisiones están tomando y a criticarlas si no estamos de acuerdo, pues al final el poder que manejan es delegado del pueblo, no propio. La idea de la crítica no solo es mostrar un descontento, sino ganar espacios y derechos que nos han sido negados por quienes toman decisiones.
Los políticos también deberían olvidar esa vieja maña de tachar a alguien como el enemigo cuando se les critica o cuando les hacen una pregunta que les incomoda, pues muchas personas lo hacemos por convicción propia y no porque alguien nos ha mandado. Tengan claro que vivimos en una república democrática, no en una finca de incuestionables.
Abogada, columnista
de El Diario de Hoy