Diálogo y gobierno plural

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Por Luis Mario Rodríguez

02 May 2018

Existe un consenso entre políticos, empresarios y sociedad civil en que la inseguridad ciudadana, el nivel de endeudamiento público, la falta de crecimiento económico, la promoción de la transparencia y la sostenibilidad de los programas sociales son algunos de los principales problemas que deberán atenderse en el próximo quinquenio. No pueden faltar en la lista la salud y la educación como pilares fundamentales para el desarrollo. Estando de acuerdo en los déficits, corresponde ahora encontrar coincidencias en dos dinámicas cuya ausencia ha venido afectando la implementación de una visión nacional. Se trata de la capacidad para dialogar y de la posibilidad de integrar un gobierno de carácter “plural”.

Ciertamente perdimos la capacidad que nos dejaron los acuerdos de paz. Continuamos sospechando unos de otros y desconfiamos de las propuestas porque presumimos que sus autores representan a distintos signos ideológicos y además no conviene concederles ventajas electorales. Los desacuerdos y los enfoques opuestos en los diferentes ámbitos están claramente identificados. Por el contrario, no nos hemos preocupado por trazar entendimientos y, cuando la fortuna ha querido que las ideas de todos concuerden, algunos se han esforzado por destruir esas agendas porque desmontar la polarización significaría eliminar la razón de ser y el protagonismo de ciertos personajes al interior de los partidos, las gremiales, los sindicatos y los movimientos sociales.

Por otra parte, aún no logramos consolidar la institucionalidad idónea para dialogar. En las últimas dos décadas, los diferentes gobernantes han creado comisiones temporales para buscar soluciones a dilemas específicos o trazar la ruta en ámbitos prioritarios para la población. Diversas figuras emblemáticas han formado parte de esas instancias y sus recomendaciones, algunas muy buenas por cierto, no han tenido el debido seguimiento. Existen también entidades permanentes que teóricamente nacieron con la finalidad de generar un diálogo sostenido en el tiempo entre los principales miembros de la sociedad. El Consejo Superior del Trabajo y el Consejo Económico Social son dos ejemplos que lamentablemente fracasaron porque, o no se les otorgó la importancia debida en términos económicos y de recursos humanos, o se utilizaron políticamente como vehículo para legitimar medidas de corte gubernamental.

El otro aspecto, muy poco aprovechado por los mandatarios, es el de la pluralidad de los gabinetes. Hasta ahora los presidentes han nombrado en los principales ministerios a personajes afines al partido que los llevó al poder o en su caso a profesionales, que no obstante su desvinculación partidaria, coinciden en los principios que el titular del Ejecutivo ha identificado como orientadores de su plan de gobierno. Los más capaces para administrar el Estado no están ni solo en la derecha ni solo en la izquierda. Tampoco son los hombres y las mujeres con más experiencia los únicos competentes para dirigir la cosa pública. Identificar por tanto a los mejores, sin que el color político sea un parámetro para constituir un gabinete, podría ser una salida al rechazo que en algunas ocasiones causan ciertos funcionarios por su radicalismo y cercanía al poder.

Además constituir un “gobierno pluralista” representaría una muestra muy clara de apertura y principalmente enviaría un mensaje en el sentido que el interés del próximo presidente no es el de beneficiar a sus correligionarios y amigos, sino el de atender prioritariamente aquellos aspectos, que de no solventarse, pondrían en serios aprietos a la estabilidad del país. El recién elegido presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, conformó un “gobierno de unidad” compuesto por varias de las principales figuras de los partidos de oposición. Además las mujeres tendrán una presencia mayoritaria en el gabinete de Alvarado. Esta decisión, además de sumar ideas innovadoras, le ayudará al mandatario a construir alianzas en la Asamblea Legislativa.

Una herramienta indispensable para que lleguen los más preparados al Ejecutivo y en general a las diferentes instituciones del Estado es la aprobación de la “ley de la función pública”, ordenamiento jurídico que identificará a la competencia y al mérito como los parámetros que indiquen quién debe ocupar una posición y cuál debe ser su salario, los incentivos y las prestaciones.

Al próximo presidente salvadoreño le tocará innovar, ceder, debatir, reformar y planificar mucho. Son tareas del nuevo siglo que requieren pactos y que ya demostraron beneficios muy claros en varios países.

Columnista de

El Diario de Hoy.