Hace unos días, este periódico publicó un reportaje sobre el elevado número de asesinatos de líderes comunales, encargados de asociaciones de desarrollo comunal (Adesco), en distintos lugares del territorio nacional. El artículo detalla que, en esencia, las motivaciones detrás de estos hechos son dos: (1) Los pandilleros que operan en sus comunidades sospechan que los líderes de Adesco están colaborando con las autoridades; (2) Otros han sido ultimados para que personas leales a las pandillas sean nombradas como sus sustitutos. Ambos casos plantean una explicación, al menos parcial, de por qué las estrategias gubernamentales no han sido efectivas.
Las comunidades con fuerte presencia pandillera poseen características muy propias, asociadas con su dinámica social, problemas y déficits. Aunque estas particularidades pueden variar significativamente de una comunidad a otra, sus efectos son los mismos: debilitar los mecanismos formales e informales de control social. Se provoca un vacío de autoridad. Las personas que viven en estos lugares no tienen a quien acudir para denunciar y, al final, corregir conductas inaceptables y peligrosas.
Las pandillas han explotado estas condiciones e impuesto un gobierno extralegal, obligando a los que residen en sus comunidades a obedecer sus reglas, pagar tributos a sus grupos y, en ocasiones, hasta consumir los bienes y servicios que ofrecen. Su consolidación como autoridad local, en algunos lugares, ha llegado a tal punto que las pandillas son consideradas como una opción atractiva de progreso para los que residen en las comunidades que controlan, logrando así reconstruir y transformar el tejido social en favor de sus intereses.
Los homicidios de líderes comunales constituyen un esfuerzo de las pandillas por mantener y fortalecer su gobierno extralegal. La hipótesis planteada por el reportaje publicado por este periódico descarga gran parte de la responsabilidad de los asesinatos sobre el gobierno central, ya que argumenta que dos de las estrategias empleadas por las autoridades han puesto en riesgo a los jefes de Adesco. Explica que la presión ejercida desde las entrañas de la Policía para operativizar el enfoque de policía comunitaria obliga a que los policías en el terreno busquen interactuar a toda costa con la comunidad. Nadie quiere ponerse en riesgo hablando con la Policía, así que la Policía obliga a los jefes de Adesco asuman el riesgo estableciendo una interacción. Así las pandillas evitan que el gobierno central le arrebate el control e influencia que han ganado.
Debido al importante papel que juegan los jefes de Adesco, las pandillas buscan controlarlos. Hacerlo garantiza que mantendrán una cuota importante de poder y lograrán cambiar la interacción con estado. Los que no se prestan ciegamente a sus pretensiones son, por lo tanto, eliminados y sustituidos por personas leales a la agrupación. Las pandillas han realizado que controlar esa posición les garantiza la interlocución con las autoridades y, de esa forma, negociar indirectamente. Así lo plantea el reportaje cuando describe cómo una estructura pandillera logró conseguir apoyo del gobierno central a través de un jefe de Adesco, para que la comunidad le pagara una cuota a las pandillas por realizar trabajos de limpieza en los barrios.
Es importante que las autoridades entiendan y acepten que en El Salvador el gobierno central compite con el gobierno extralegal impuesto por las pandillas. Reconocer esto es necesario para poder formular estrategias efectivas. No nos podemos seguir dando el lujo de negar la dimensión de este problema por proteger intereses políticos. Cualquier propuesta que busque empoderar a las comunidades y potenciar la presencia estatal en el territorio debe de tener claro el rol que juegan las pandillas, sino se seguirá legitimando y fortaleciendo su autoridad.
Criminólogo
@_carlos_ponce