Desde hace quince días Nicaragua está que arde. Llevan ya dos semanas de protestas y manifestaciones, algunas reprimidas brutalmente por las fuerzas del orden y con resultado de varias decenas de muertos. Pero la gente sigue en la calle.
El detonante de la situación fue la reforma del sistema de seguridad social aprobada el 16 de abril, por la que el gobierno recortaba un 5 % las pensiones y elevaba el porcentaje de la cuota patronal y de los trabajadores. Además, como era un secreto a voces que personas ligadas a Ortega han utilizado fondos del Seguro Social para inversiones privadas, los elementos de la bomba estaban dispuestos.
El resultado ha sido protestas generalizadas, despliegue del ejército y presencia en la calle de turbas organizadas. No es la primera vez que Ortega echa mano de esos medios para reprimir sediciones, ya lo hizo en 2008 y 2013, pero entonces se enfrentó con grupos reducidos de manifestantes. Ahora parece que la mala administración, pero sobre todo la tóxica mezcla de Estado, partido, clientelismo, corrupción, su familia y su persona, ha colmado la paciencia de la gente.
Bajo el segundo gobierno de Ortega (que lleva ya once años en el poder y goza de reelección indefinida, por cortesía de la Corte Suprema de Justicia) Nicaragua sufrido un sistema caudillista-económico-político que tarde o temprano habría de colapsar.
Sergio Ramírez, vicepresidente de Ortega entre 1985 y1990, se refirió recientemente a la situación de su país saltándose el protocolo durante la entrega del Premio Cervantes en España, expresando: “Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república”.
Ese es el quid de la cuestión: no se trata de democracia, de elecciones limpias, o de Estado de Derecho; se trata de recuperar la república, misma que desapareció cuando los órganos del Estado se plegaron a la voluntad e intereses de una sola persona y su esposa (que tiene reconocido protagonismo en el gobierno de Nicaragua); se deslegitimó cualquier partido de oposición y se hizo de la Constitución papel mojado, al proclamar la “constitucionalidad” de la reelección indefinida del presidente Ortega.
El orteguismo —pues el sandinismo ha sido engullido por éste— ha eliminado —como decíamos— a los partidos políticos opositores, cuenta con setenta y uno de los noventa y dos curules de la Asamblea Nacional; el poder judicial está sometido al presidente (once de los dieciséis magistrados son sandinistas y ya han dado suficientes pruebas de sumisión), los mecanismos de defensa de los derechos de los ciudadanos han sido eliminados, los medios independientes de comunicación han sido acallados, cuenta con el control de las calles mediante las turbas sandinistas, y echa mano de las fuerzas de seguridad para reprimir las manifestaciones populares.
La república simple y llanamente ha sido eliminada mediante el control de las instituciones y órganos del Estado; y así se ha instalado una casi monarquía en la que “reina” Daniel y tiene como vicepresidente a su esposa, mientras muchos de sus hijos ocupan cargos clave en su gobierno. Se habla, incluso, de un delfín: Laureano Facundo Ortega Murillo.
La pregunta es si dentro del sandinismo hay o no líderes dispuestos a sacrificar la dictadura para salvar el partido; pero más importante que ello es saber si Nicaragua será capaz de deshacerse del sandinismo para recuperar la república.
No es de extrañar que una de las consignas más repetidas este día en las calles haya sido “Daniel y Somoza, son la misma cosa”… Dando fe de que la revolución sandinista tuvo un final al mejor estilo del Gatopardo: todo hubo de cambiar, para que todo siguiera igual.
Columnista de
El Diario de Hoy.
@carlosmayorare