La criminalidad en El Salvador ha evolucionado considerablemente. Nuestro país lamentablemente se ha convertido en el terreno fértil donde las maras y pandillas han proliferado muchísimo. Deficientes estrategias de seguridad pública, falta de voluntad política, corrupción, impunidad, una judicialización parsimoniosa que entrampa condenas e impide liberaciones, contribuyendo al hacinamiento carcelario, son de las muchas causas que han permitido una rápida evolución en la criminalidad del país.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó que la implementación de los planes “Mano Dura”, estrategia de gobiernos anteriores para reducir la violencia, fue un fracaso y contribuyó a fortalecer a las pandillas. Esto sucedió en el Triángulo Norte, donde la violencia recrudeció en respuesta a las políticas represivas que se ejecutaron en los tres países. El Informe de Desarrollo Humano (IDH), “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuesta para América Latina”, elaborado en el 2014, resaltó un incremento en el crimen organizado desde el 2000 a raíz de una fuerte represión policial. Entre los impactos negativos que según el organismo internacional provoca la represión están: “El aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de sistemas carcelarios donde los criminales se organizan de mejor manera y una violación sistemática a los derechos humanos de los reclusos”.
Actualmente la situación no ha cambiado en nuestro país, seguimos en el ojo del huracán de la ONU. En un lapso de unos pocos meses, cuatro de sus principales expertos visitaron el país, y salieron con una percepción negativa del impacto que han tenido las duras políticas antipandillas del gobierno sobre los derechos humanos. Debemos esperar si el gobierno dará un giro y una reestructuración a sus políticas de seguridad pública invirtiendo más en la prevención del delito y la reinserción de reclusos, esto último muy señalado internacionalmente.
La Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, dijo que el programa de “medidas extraordinarias” para las prisiones de El Salvador viola los derechos humanos y que el país no ha logrado controlar el creciente uso de la violencia por parte de sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, pese a estos señalamientos, las autoridades afirman que estas medidas permitieron una reducción de 21% en la tasa de homicidios del país el año pasado. Tristemente El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo, con 60 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Considerada como una epidemia de violencia.
Preocupa el poder económico de los grupos pandilleriles ya convertidos en insurgencias criminales; en la operación Tecana, realizada en septiembre del 2017 en Santa Ana, incautaron $86,318; también decomisaron cinco miras telescópicas, 17 armas de fuego y tres cargadores, además de 97 vehículos, 70 carros, dos buses, dos microbuses, dos camiones y 21 motocicletas, y bienes de lujo que habían sido importados. Todo esto pertenecía solamente a esta estructura desarticulada con más de 100 personas detenidas.
Preguntas necesarias: ¿en cuánto tiempo logró erigirse este grupo criminal? ¿No son capaces las autoridades de rastrear e impedir la conformación de estas estructuras? Al no impedir su conformación, aunque sea desbaratada posteriormente, estos criminales previamente han delinquido, extorsionado y cercenado muchas vidas. A esto agregamos otros flagelos: las personas desplazadas de sus hogares, los desaparecidos que son muchos y no hay una respuesta inmediata del Estado para sus familiares.
Desde enero de 2009 hasta diciembre de 2016, la Policía recibió 11,252 denuncias sobre desapariciones en El Salvador. El problema de los desplazamientos forzados es invisibilizado por el Estado, al no contar con un registro especializado de las víctimas ni tener un fondo destinado al restablecimiento de sus derechos vulnerados. Ante esto, es imprescindible preguntar a las autoridades ¿qué harán al respecto?
Analista político y
columnista de
El Diario de Hoy