Cuando el dinero no te ha costado es fácil gastárselo. Si es producto de tu sacrificio y trabajo, ya se piensa el doble sobre el destino que debe dársele. Así pasa con los fondos del Estado. A todos nos toca contribuir para financiar el funcionamiento del aparato estatal a través de los impuestos; por ello, quisiéramos que a ese dinero se le diera el mejor uso posible. Pero no, en El Salvador hay mucho dinero que se derrocha en bonos. Y digo que se derrocha porque no todos tienen el derecho o se lo merecen.
Primero, ningún funcionario debería recibir un bono. Los funcionarios no son empleados que estén sujetos a un régimen laboral o contrato específico (ley de salarios, ley de la carrera administrativa municipal o disposiciones generales del presupuesto), por lo que ninguno puede alegar que es una prestación laboral irrenunciable; los funcionarios llegan a su puesto a través de nombramientos por un periodo específico fruto de una elección popular, como en el caso del Presidente de la República (5 años), diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales (3 años). O dichos nombramientos también son producto de una elección en la Asamblea Legislativa, como todos los funcionarios mencionados en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución, quienes también tienen un periodo definido. Al finalizar el trabajo no se quedan sin trabajo, simplemente termina el mandato que se les ha encomendado. No hay motivo para entregarles un bono.
Segundo, ahora podemos entrar en la discusión de si a un empleado se le otorga un bono o no. Este tipo de prestación laboral generalmente —en el ámbito privado— se entrega como incentivo por el buen trabajo realizado. En las distintas instituciones públicas salvadoreñas la práctica ha sido premiar con bonos sin ningún tipo de excepción (alegando indebidamente el derecho a la igualdad), indistintamente la persona trabaje o no al mismo nivel que gente que se merezca dicha prestación. Y aquí una de las raíces del problema: en El Salvador no contamos con un servicio civil que goce de las características de profesionalidad y mérito, en que las personas hayan ingresado por su capacidad profesional y que su rendimiento sea constantemente puesto a prueba. No sabemos a cabalidad si se merecen un bono o no.
Y esto es una de las cosas que indigna a la población con los bonos en la Asamblea Legislativa: se está premiando a personas cuyo rendimiento laboral no es evaluado, gente que si quiere llega a trabajar y personas —dicen en los pasillos— solo llegan a cobrar. Empecemos por el hecho que la misma Asamblea se ha negado a que quede claro el total de sus empleados y los sueldos que tienen; no sabemos entre cuánta gente se reparte los cuarenta y cinco millones de dólares destinados a remuneraciones en la Asamblea, cuáles son sus funciones y cuáles han sido sus resultados.
Por otro lado, en un país donde la gran mayoría de la población sobrevive con menos del salario mínimo, en el que los hospitales carecen de insumos básicos y donde las escuelas están en ruinas, es una sinvergüenzada que los diputados decidan repartirse el dinero en bonos. Donarlo a obras de su partido no es la solución cuando estos fondos podrían canalizarse directamente a los servicios públicos. Y renunciar tampoco es suficiente cuando no deberían existir partidas presupuestarias destinadas para ello.
Los diputados tienen que responder a las críticas con soluciones que potencien la eficiencia, austeridad y racionalidad del gasto en remuneraciones y no solo alegando que a todas las instituciones debería reprocharse en la misma medida. Eso es obvio. Los tres órganos fundamentales del Estado tienen la deuda de depurar sus planillas, ajustar salarios al trabajo realizado, mantener a las personas que cumplan con las exigencias de profesionalización y que las nuevas personas ingresen por mérito. No derrochen el pisto que no es de ustedes. ¿O como no les cuesta lo hacen fiesta?
Abogada, columnista
de El Diario de Hoy