La discusión sobre la despenalización del aborto es importante porque hay vidas de por medio. Está claro que no es una discusión sencilla. No es una discusión entre buenos y malos, entre los que defienden la vida y lo que no la defienden (o están a favor de la muerte). Los ciudadanos tenemos derechos constitucionales diversos, a la vida, la salud, la libertad, la dignidad y debemos encontrar soluciones para los casos en los que estos entran en conflicto.
Es necesario situar la discusión en el ámbito en el que debe darse, que es el político (aquel en el cual los miembros de una sociedad resuelven los problemas que surgen de tener que convivir unos con otros). En El Salvador, la Constitución establece la separación entre Iglesia y Estado y, por tanto, las leyes deben establecerse con base en acuerdos sociales (políticos) y no con base en creencias religiosas. Lo anterior no quiere decir, desde ningún punto de vista, que no podemos tomar en consideración nuestros valores o nuestras creencias al establecer esos acuerdos, eso es imposible porque no somos robots.
Lo que sí quiere decir es que debemos estar conscientes de que los valores y creencias son relativos a las personas, no son absolutos. Es decir, lo que usted valora o cree no necesariamente es lo que todos valoran (o valoran de la misma manera) o creen. Y el derecho a valorar y creer cosas diferentes es uno de los principales derechos que la Constitución (y la democracia) protege.
En otras palabras, si bien pueden incidir, ni sus valores y creencias ni los míos pueden ser la base de nuestros acuerdos políticos. Si fuera de otro modo, viviríamos en una dictadura, como Cuba o Corea del Norte —en el caso que fueran los valores de unos los que se imponen sobre los demás— o en un Estado fundamentalista, como Afganistán —si fueran las creencias religiosas la base para definir las leyes de la República.
Si sus creencias religiosas le obligan a rechazar y condenar el aborto, eso no le otorga el derecho a exigir, por ley, que todos los demás ciudadanos también lo rechacen y condenen. A lo que sí tiene derecho es a no abortar o a no practicar un aborto, aunque éste esté despenalizado —y la propuesta de reforma en discusión no afecta ese derecho de ninguna forma. También tiene el derecho a promover y expresar sus creencias y valores e intentar convencer a los demás de creer y valorar lo mismo.
¿Qué propone el anteproyecto presentado por el diputado Wright? La despenalización del aborto por dos causales (que no sea delito en dos situaciones específicas): (1) para salvar la vida y preservar la salud de una mujer gestante y (2) cuando el embarazo es producto de una violación a una niña menor de edad. En ambos casos se requeriría el consentimiento informado de la embarazada (y sus padres en el segundo caso) y un dictamen médico previo.
Voy a repetir, para evitar confusión, que en ningún momento la reforma propone que la interrupción del embarazo tiene que efectuarse. Lo que propone es que la decisión sea de la mujer o niña embarazada (y sus padres) cuya vida o salud está en riesgo, previo dictamen médico, y no sea una decisión predeterminada por el Estado. En todos los demás casos —por ejemplo, embarazos no deseados, violación de mujeres adultas, cuando el no nacido es inviable fuera del útero— el aborto seguirá siendo un delito penado con cárcel.
También voy a repetir, para evitar malentendidos, que la mujer o niña gestante (y sus padres) pueden decidir no interrumpir el embarazo a pesar de los riesgos, y nadie puede obligarlas a hacer lo contrario. Millones de mujeres y niñas viven en países adonde el aborto está despenalizado en ciertos casos o legalizado totalmente y jamás han interrumpido alguno de sus embarazos.
Vale la pena recordar lo que expliqué en la primera columna de esta serie: de aprobarse la reforma, no estaríamos abriendo puertas que siempre han estado cerradas en el país, nos llevaría a una situación más restringida que la que ya teníamos en 1997 y que estuvo vigente desde 1974. Es decir, a una situación jurídica y de salud pública que ya se consideraba sensata y correcta en 1960, cuando se elaboró el anteproyecto que sirvió de base para ese código penal.
Voy a añadir unos datos que me parecen relevantes. A pesar de la desinformación que existe al respecto, según una encuesta realizada por Untold Research-CID Gallup en el 2017, el 60 % de los salvadoreños (3 de cada 5) considera que la legislación en materia del aborto debería modificarse. La misma cantidad considera que las mujeres y niñas gestantes deberían poder interrumpir un embarazo cuando su salud y vida están en riesgo (58 %). Y el 74 % (3 de cada 4) considera que “los médicos deberían estar autorizados para ofrecer la atención médica necesaria para salvar la vida de una madre, incluyendo la interrupción del embarazo”.
Ya mencioné en otra columna que las complicaciones relacionadas al embarazo y al parto son la principal causa de mortalidad entre niñas menores en edad reproductiva, no es necesario ser doctor para entender que para una niña de 12 años, un embarazo es de alto riesgo. Pero también hay estadísticas que indican que la criminalización absoluta del aborto no solo no mejora la situación ni de los no nacidos ni de las mujeres y niñas embarazadas —incrementan las muertes de mujeres gestantes porque los médicos no tienen seguridad jurídica para actuar o actuar a tiempo— sino que tampoco disminuye los abortos, los transfiere a la clandestinidad, lo cual incrementa la mortalidad de todos los involucrados.
Finalmente, voy a recalcar que yo no estoy a favor del aborto, que no quiero matar bebés, que sí estoy a favor de la vida. No soy una persona sin valores. Sin embargo, entiendo también que la realidad es complicada y que vivir en democracia a veces requiere tomar decisiones que no son ideales, pero sí necesarias.
Colaboradora de
El Diario de Hoy