En abril se cumplen 20 años de vigencia del Código Penal actual en El Salvador que resultó de los Acuerdos de Paz, fue pensado como instrumento en la construcción de paz y la procuración de seguridad jurídica para la población. Es el mismo Código que penalizó absolutamente el aborto, lo cual no estuvo propuesto ni siquiera por el equipo jurídico del expresidente Calderón Sol, que gobernaba entonces. Las presiones de algunos sectores llevaron a aprobarlo así, por una mayoría de parlamentarios, sin prever las graves consecuencias que tendría en la salud y vida de niñas y mujeres salvadoreñas.
Dos décadas de aplicación han evidenciado los impactos negativos de esta medida, mucho dolor para numerosas familias, a causa de una legislación que parece insensible a realidades cotidianas que se viven en hospitales públicos, en ciudades y comunidades rurales. Estas realidades tienen caras y datos concretos en estadísticas nacionales.
Recuerdo la desesperación en la mirada de una madre cuya hija de 15 años de edad enfrentaba un segundo embarazo de pocas semanas. Su hija ya tenía una niña de 20 meses; en ambos casos los embarazos fueron resultado de violaciones sexuales de hombres armados que llegaban a su comunidad y se llevaban por unos días a las niñas y adolescentes. La señora acudió con su hija y nieta al Hospital de Cojutepeque pidiendo que interrumpieran el segundo embarazo, pues su hija padecía de graves niveles de anemia. “Ya no les puedo cuidar —decía— y mi hija no tiene fuerzas para aguantar este segundo embarazo”. A esta mujer, que vende verduras en el mercado, los médicos le indicaron pedir autorización en Fiscalía; la respuesta fue otra amenaza: si su hija perdía el embarazo, la primera en ir a la cárcel sería ella.
Conversando con el doctor Ortiz Avendaño, quien por años dirigió el Departamento de Perinatología del Hospital de Maternidad (ahora Hospital Nacional de la Mujer), me contaba cómo la experiencia de una niña de 10 años le fue abriendo los ojos ante la realidad que enfrentan las niñas: ella estaba embarazada y la tuvieron ingresada por varias semanas, debido a que padecía de una cardiopatía congénita. El embarazo inició cuando la niña tenía 9 años, resultado de constantes abusos y agresiones sexuales de su padrastro. “Era un cuerpo pequeño que apenas cubría la mitad de la cama; en visita con médicos residentes e internos, llevábamos hilos y telas para que bordaran las pacientes que permanecían ingresadas por más tiempo. Le preguntamos si quería bordar, ella nos preguntó ‘¿Y crayolas no tienen?… es que a mí me gusta colorear’. Los médicos nos quedamos sin respuesta, con un nudo en la garganta. Allí me di cuenta de que era solo una niña, que hasta entonces mi abordaje medico era muy biológico”.
Como estas, hay miles de historias. Hace unos años se empezó a poner atención sistemática a este problema; para 2012 el Minsal registró 1,770 inscripciones maternas de niñas de 10 a 14 años, y aunque las cifras van decreciendo, en 2016 solo habían bajado a 1,166. Son niñas que no tienen el desarrollo físico y psicológico para enfrentar embarazos impuestos. De acuerdo con nuestra legislación, se trata de abusos y violaciones sexuales. El Salvador solo ofrece a estas niñas continuar con el embarazo, que para muchas significa una tortura.
Otra consecuencia grave de esta ley son los riesgos a la salud y a la vida de mujeres que enfrentan complicaciones en el embarazo. Para 2017 el Minsal reportó que el 97 % de muertes maternas fueron por causas prevenibles. Se trata de mujeres y adolescentes que en algunos casos padecen enfermedades previas, agudizadas con el embarazo, tales como insuficiencia renal, cardiopatías, diabetes, tumores cancerígenos, pancreatitis y otras. Algunas se habrían salvado con interrupción del embarazo a tiempo. También se encuentran los embarazos ectópicos, cuya prolongación representa graves riesgos a la salud de la madre.
Otro riesgo a la salud son patologías fetales que los avances científicos permiten diagnosticar en etapas tempranas del embarazo como malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, lo que significa que no sobrevivirán fuera del vientre materno. Según la doctora Mena Ugarte, Coordinadora del Comité de Patología Fetal del Hospital Nacional de la Mujer, en ese hospital se registra un promedio de cuatro casos mensuales con estas características; la más frecuente es la anencefalia, que es cuando no se logra formar el cerebro o la bóveda craneal. No se trata de niños con síndrome de Down, cuya sobrevida y posibilidades de desarrollo están más que confirmados.
Estas consecuencias apuntan a un problema de salud pública y de derechos, es decir, a un problema de Estado, que requiere ser abordado con responsabilidad por todos los partidos políticos, para que una vez aprueben la reforma al artículo 133 del Código Penal, se proceda a establecer políticas específicas en instituciones de sanidad pública que permitan a mujeres, adolescentes y niñas que lo necesiten, el acceso a servicios en condiciones seguras, independientemente de su nivel socioeconómico. Esto impediría a la vez, que se hiciera negocio con este servicio.
Nadie realmente está a favor del aborto, pero en determinadas circunstancias puede ser la solución que cause menos daño. Por ello es necesario abrir nuestros corazones y nuestras mentes a un debate franco y no polarizado sobre este problema de salud pública, y sobre todo, que exijamos a nuestra Asamblea Legislativa que no dilate más la aprobación de esta reforma.
Defensora de Derechos Humanos
y Activista Feminista