Estamos a escasos meses de que finalice el quinquenio de gobierno del presente Sánchez Cerén. A estas alturas, ya nada se puede esperar, este gobierno ya dio lo que podía dar. El posible “cambio de ministros” no deja de ser un mero evento decorativo, más orientado a hacer una “purga de revisionistas” o una acción para asignar un puesto a los candidatos que resultaron no electos para ejercer cargos populares en el 4M, que a procurar hacer un último intento para cambiar el rumbo del gobierno y brindar a la ciudadanía algún tipo de resultado en su gestión administrativa.
En ese sentido, los esfuerzos, esperanzas y trabajos, tanto de la sociedad civil como de los políticos que aspiran a la máxima magistratura del país deben estar puestos en 2019, ya que debemos de estar claros de que el próximo gobernante encontrará las arcas estatales en su peor estado desde el saqueo del que fueron objeto en los Ochenta por el cleptócrata gobierno democristiano.
Los temas ineludibles que se deberán abordar son los siguientes:
Transparencia. Se deberá revelar al pueblo las consecuencias en el erario derivadas de 10 años de política populista, determinando cuánto debemos como país por el gasto desmedido del gobierno y cómo pagaremos todas las deudas adquiridas, acción que debe estar acompañada, sin pactos ni componendas, con un decidido combate y persecución efectiva a la corrupción que esquilmó a nuestro país todos estos años, junto a un verdadero pacto de austeridad fiscal.
Eficiencia desde el “día uno”. No hay tiempo que perder. Quien se siente en la silla presidencial deberá contar con un plan de trabajo minuciosamente elaborado por un equipo de expertos y tecnócratas en diferentes áreas, adecuadamente consensuado, pero sobre todo, elaborado con la debida anticipación (tendrán menos de un año para elaborarlo), a efecto de que se implemente tan pronto tome su cargo el equipo de gobierno. Luego del desastre de 10 años de gobierno populista no hay un día que perder para la reconstrucción del país en todas las áreas que fueron seriamente afectadas: economía, salud, seguridad, educación, solo por mencionar algunas.
Adopción de medidas impopulares. El saneamiento de las finanzas públicas y la adopción de una política fiscal responsable, pasa, lamentablemente, por esa incómoda e impopular ruta de la reversión de programas sociales de corte populista, que únicamente generan “simpatías” de posibles electores a un costo fiscal altísimo. El Ministro de Hacienda deberá revisar proyectos sociales que no generan desarrollo humano, y deberá proponer/decidir, cuales son viables continuar financiando y cuales deberán darse por terminados de forma inmediata o paulatina. De igual forma, se deberán procurar la creación de importantes programas de “retiro voluntario”, con sus correspondientes indemnizaciones, a efecto disminuir la carga de la laboral del Estado, buscando de forma simultánea, sentar las bases de desarrollo económico, mediante el impulso a la economía y atracción de las inversiones internacionales, para que esa migración de empleados públicos al sector privado sea lo menos traumática posible.
Generación de inversión y empleo. El Salvador es poco competitivo por el peso de la burocracia y la carga fiscal asociada a esta; los engorrosos procesos administrativos; las poco flexibles leyes mercantiles, notariales y laborales; las restricciones migratorias para inversionistas o técnicos extranjeros; el cuello de botella que genera aduanas; entre otras situaciones que sin tardanza deben ser abordadas. El próximo gobierno deberá proponer las reformas necesarias para agilizar y solventar estos problemas.
El gobierno deberá luchar para “estabilizarnos” y procurar sentar las bases para revertir 10 años de desgobierno efemelenista. Si se tomasen las medidas que he esbozado en este editorial (y otras que por espacio, no puedo desarrollar), estaríamos sentando las bases para lograr un desarrollo sostenido para los próximos años. Espero que se haga, nuestro país lo merece.
Abogado, máster en Leyes.
@MaxMojica