La mayoría de salvadoreños esperaba que las elecciones celebradas el pasado fin de semana arrojaran resultados fundamentalmente consistentes con dos cosas: (1) un cambio de rumbo en el país; (2) un balance institucional robusto en los tres poderes del Estado. Así lo indicaban las encuestas. Distintos instrumentos de medición de la opinión pública reiteradamente mostraron que la ciudadanía, en términos generales, percibía que los principales problemas que aquejan a El Salvador habían empeorado y señalaban como principal culpable al oficialismo.
El clamor ciudadano se reflejó en los resultados electorales: el partido oficial experimentó su peor momento en las urnas. Esto, en un primer momento, llenó de esperanza y entusiasmo a todos los que esperaban que su voto contribuyera a quitarle poder a quienes lo habían despreciado, a quienes decidieron utilizarlo para sus propios intereses y no para los de la ciudadanía. Sin embargo, esta satisfacción pronto se revirtió. Los ánimos se desplomaron cuando la empresa Smartmatic, encargada del diseño y la operación del sistema informático utilizado para el acopio y procesamiento de los votos, comunicó que, gracias a un “error humano”, los resultados hasta el momento brindados en cuanto a preferencia de diputados estaban equivocados.
La primera explicación lógica ante esta situación, por supuesto, fue: fraude. La trayectoria de la compañía a la que se le otorgó la responsabilidad de contar los votos no es la mejor. Es fácil, por lo tanto, llegar rápidamente a la conclusión que el cambio drástico de los resultados tuviese un trasfondo oscuro. Es cierto que las variaciones causadas por el “error humano” no cambian la distribución de los votos en los partidos, pero sí afectó qué representantes partidarios pasaron a ser diputados. El descontento ciudadano es evidente en las redes sociales. Los salvadoreños se sienten traicionados e insinúan que el cambio en los resultados es producto de un acuerdo entre las cúpulas de los partidos, en el que se pactó modificar las cifras para favorecer a diputados veteranos en de detrimento de los nuevos candidatos.
El Tribunal Supremo Electoral tiene una enorme responsabilidad ante esta situación. Debe encontrar la forma de legitimar los resultados que disipe cualquier duda de que hubo mano peluda. Sin embargo, el reto más grande lo tendrán las personas que al final del proceso se conviertan en diputados. Estos hombres y mujeres deberán responder a los ciudadanos, sus actuaciones tendrán que ser consistentes con las exigencias relacionadas a fomentar un cambio radical en la forma de manejar el país y garantizar que exista una verdadera independencia de poderes.
Esto impone el enorme desafío para los diputados de la próxima legislatura de hacer las cosas de forma distinta. Las propuestas e iniciativas que lleven al seno legislativo no pueden ser leyes o acciones vacías, miopes o populistas, sino proyectos inteligentes, creativos e innovadores, principalmente enfocados en fortalecer los mecanismos de vigilancia y contraloría ciudadana. Hasta el momento, por ejemplo, nadie ha hablado en serio de crear un andamiaje robusto para el combate a la corrupción. Los diputados electos tienen que entender que este es el momento para instaurar estructuras que aseguren a los salvadoreños que ningún partido que llegue al gobierno podrá ejercer el poder de forma irrestricta, inmune al control ciudadano y al sano balance de poderes que caracteriza a los estados democráticos. Solo así demostrarán que son dignos de haber sido elegidos. Quien no actúe así no merece estar en la Asamblea Legislativa.
La raíz de los problemas que enfrenta la región tiene que ver con un abordaje gubernamental inadecuado, resultante de viejas prácticas que adjudican una prioridad muy baja a la búsqueda e implementación de soluciones reales. Esto es lo que se tiene que revertir para cambiar de rumbo y asegurar que exista un balance de poderes.
Criminólogo
@_carlos_ponce