A pocos días de los comicios legislativos y municipales el Tribunal Supremo Electoral garantiza que integrará las Juntas Receptoras de Votos por lo menos con tres personas, que estas habrán recibido la respectiva capacitación y que la transmisión y el procesamiento de los resultados electorales preliminares no se verán afectados por los serios inconvenientes que se presentaron en 2015.
El escenario ideal es que las mesas de votación cuenten con cinco propietarios e igual número de suplentes, que todos hayan sido certificados por el TSE para efectuar el escrutinio en las JRV y que los servicios tecnológicos tengan el aval de los especialistas de la Organización de los Estados Americanos, de la Unión Europea y de los partidos políticos en contienda. La presencia de la Fiscalía General de la República en la totalidad de los centros de votación asegura el efectivo cumplimiento de la ley y el resguardo de las actas ante una eventual impugnación de los resultados. También es relevante la coordinación que anunciaron la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el TSE para resguardar la seguridad de los miembros de los Organismos Electorales Temporales, de los votantes, de los paquetes electorales y los equipos informáticos.
Por otra parte, deben vigilarse las marcas que consiga cada candidato. Los partidos ponen atención al conteo de los votos porque de ello depende la fuerza que tendrán en el Órgano Legislativo. Una vez calculado este dato no les interesa quiénes ocupan las diputaciones en el resto de partidos. En otras palabras, no existe una supervisión adecuada sobre el cómputo de marcas recibidas por los candidatos a diputados. Esta situación puede dar lugar a un mal cálculo inclinando la balanza, por error o con engaños, a favor de los legisladores que prefieren las cúpulas partidarias.
Como en procesos anteriores, la escasa promoción del TSE impedirá a los ciudadanos recordar las distintas formas de votar y conocer los efectos de su voto. Pocos meditan acerca de las consecuencias de emitir un voto “entero” o uno “cruzado”. Los que se deciden por una sola lista, es decir, optan por no cruzar su voto, le apuestan a que ese partido obtenga un mayor número de diputados; asimismo podrían otorgarle ventajas a un candidato sobre otro si marcan además el rostro de sus preferidos. El partido de gobierno entiende este mecanismo, por eso su propaganda pide votar por la bandera sin marcar preferencias sobre ningún candidato; de esa manera asegura un puesto en la Asamblea a las personas que apoya la dirigencia.
En función de lo anterior las quinielas para el próximo domingo 4 de marzo son de diferente naturaleza. Hay quienes apuestan a mantener el control de la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa (56 votos) para condicionar la designación de segundo grado de funcionarios. Con 29 diputados un partido tiene la llave para ese tipo de decisiones. Ahora mismo la aritmética legislativa obliga a los dos partidos mayoritarios a alcanzar acuerdos. Ninguno puede nombrar al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas ni autorizar la aprobación de préstamos internacionales únicamente con el favor de los partidos minoritarios.
Para la democracia es sano y recomendable la participación de los grupos parlamentarios en la adopción de medidas que impacten el correcto funcionamiento del sistema político. Sin embargo, se perciben señales que indican una visión contraria. La consigna de ciertos candidatos a diputados y de los partidos por los que compiten es la de bloquear cualquier posibilidad de continuar avanzando en el fortalecimiento institucional.
Que uno de los dos partidos mayoritarios llegue a los 56 votos con el resto de organizaciones partidarias tampoco es salvaguarda de nada. El riesgo del cuoteo político, de la elección de candidatos con sesgos ideológicos o de la acefalía en las instituciones está latente. Por eso las apuestas que entregan el control del Legislativo a una sola corriente política no auguran por sí un escenario en el que se respete el Estado de Derecho. Al final el mejor pronóstico es aquel en el que la sociedad continuará exigiendo cuentas después de la elección. Solo así se minimiza el peligro de una anarquía institucional.
Columnista de El Diario de Hoy