Las instituciones que integran el aparato de seguridad gubernamental han sufrido una peligrosa desnaturalización. El enfoque en que basa su abordaje de la criminalidad ha cambiado drásticamente. En lugar de velar por el orden y la seguridad pública, han pasado a concentrarse en castigar o vengarse de quienes transgreden las leyes, haciendo propio el sentimiento punitivo arraigado en la ciudadanía. Años de sufrir altos índices delincuenciales propició en el país una sed de venganza en contra de los delincuentes. Es entendible, por lo tanto, que prácticas como las presuntas ejecuciones extrajudiciales gocen de aceptación entre los salvadoreños. Sin embargo, esto no significa que éstas sean la solución que acabará con el problema. Al contrario, lo que la historia nos ha demostrado, es que terminarán agudizando la crisis en seguridad.
Esta no es la primera columna que habla sobre este tema. Tampoco soy la primera persona que lo aborda. El problema es tan grave y las consecuencias tan peligrosas, que incluso representantes de organismos internacionales lo han advertido. Agnes Callamard, Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por ejemplo, hace poco visitó el país y, después de recolectar la información respectiva, hizo un claro y fuerte llamado a las autoridades. Según declaró públicamente, existe suficiente evidencia que sugiere que se han sistematizado prácticas al interior del aparato de seguridad que constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Diferentes voces, como la de la Relatora, han advertido sobre la desnaturalización de la Policía y la Fuerza Armada.
El más reciente ejemplo de las consecuencias que podemos esperar de esta transformación es la desaparición de la agente Carla Ayala de la sede del extinto Grupo de Reacción Policial. Este caso ha puesto en la palestra pública los más oscuros vicios que germinan dentro de los cuerpos de seguridad en donde se justifica quebrantar la ley bajo ciertas circunstancias. Cuando el respeto a la ley se convierte en algo selectivo y no obligatorio, el cumplimiento de la normativa progresivamente se convierte en algo poco frecuente. El encubrimiento y el secretismo se vuelven una costumbre. Al principio, las actuaciones fuera de la ley pueden gozar de la aceptación ciudadana, cuando son dirigidas en contra de presuntos delincuentes, pero con el tiempo los abusos se amplían a todos los que interactúan con las autoridades.
Resulta poco popular hablar sobre estos temas durante la primera etapa, cuando los abusos son en su mayoría contra de criminales, pero es necesario. La Fiscalía General de la República, a pesar de esto, ha iniciado y judicializado investigaciones en contra de policías y soldados que han abusado de su autoridad. No es fácil. He hablado con fiscales que, a pesar de sentirse mal de estar investigando y acusando a policías con los que han entablado buenas relaciones laborales y hasta amistades, anteponen su compromiso con el país. Es necesario reconocer este esfuerzo.
El reciente procedimiento en el que se capturó a oficiales de la Fuerza Armada se enmarca en este tipo de trabajo, orientado a investigar y perseguir abusos de autoridad al interior de los cuerpos de seguridad. La reacción de David Munguía Payés, ministro de la Defensa Nacional, es preocupante al descalificar la investigación fiscal sin antes conocer los detalles.
La solicitud de los abogados defensores de decretar reserva al caso sugiere que hay algo que se está escondiendo y quieren adelantarse a lo que se revelará en los tribunales.
La reacción en este caso constituye un buen indicador de la profunda y nociva desnaturalización del aparato de seguridad.
Al mismo tiempo, enfatiza la necesidad de contar con una Fiscalía independiente que tenga la capacidad de maniobra para iniciar este tipo de investigaciones.
Esto es un punto importante que debemos considerar en antelación al próximo domingo.
Criminólogo
@_carlos_ponce