Sí, votar para exigir

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Por Elizabeth Castro

22 February 2018

Los partidos políticos enfrentan un contexto mucho más complejo que el de pasados comicios. Existe un interés muy pronunciado de la sociedad civil organizada sobre materias como la elección de segundo grado de funcionarios, la profesionalización del sector público, la seguridad ciudadana, la transparencia y el acceso a la información. El “voto por persona”, que permite a los electores marcar las opciones de su preferencia, presiona por conseguir compromisos concretos por parte de los futuros legisladores. No asistir a debates y ausentarse en encuentros en los que se pide la suscripción de promesas sobre temas particulares puede afectar la imagen pública del partido y de los candidatos.

Ciertamente una porción considerable del electorado está interesada en otras temáticas. El empleo, la salud, la calidad de la educación y la mejora del transporte público acaparan la atención de los habitantes. La gente no distingue, porque las necesidades apremian, los aspectos que son competencia de la Asamblea Legislativa y aquellos que le corresponden al Ejecutivo. Sin embargo todos, o casi todos los ámbitos que afectan el bienestar de la población, requieren de una ley ya sea para obtener financiamiento o para autorizar a los ministros y titulares de instituciones autónomas a ejecutar lo ofrecido.

Por eso es tan relevante asistir a las urnas. La insatisfacción con la democracia y la falta de credibilidad de los partidos por el incumplimiento de las promesas adoptadas en campañas anteriores no son motivo suficiente para dejar de votar. Por el contrario, solo influyendo en la composición de este Órgano de Estado y, principalmente, exigiendo cuentas, es posible alcanzar resultados específicos vinculados a la atención de las más urgentes penurias.

Desentenderse de la política es equivalente a dejar que el administrador de un bien haga con este lo que quiera. No importa la voluntad del “propietario” porque, al fin y al cabo, las acciones u omisiones del delegado no tienen consecuencias. Si los votantes, titulares del poder, hacen suyo el refrán “dejar hacer, dejar pasar” y descuidan la supervisión permanente de sus representantes, a quienes otorgaron el privilegio de atender en su nombre los principales asuntos de Estado, poco o nada se podrá reclamar cuando sobrevengan los desenlaces fatales de actuaciones equivocadas, o lo que es peor, de maniobras que se olvidan del bien común.

En sistemas donde el voto es obligatorio se señalan como razones para esta modalidad el requisito de cuidar el interés general, el temor que el sufragio lo ejerzan solo quienes tienen mayor capacidad adquisitiva o nivel de educación, y la deuda con quienes lucharon por conseguir elecciones transparentes, periódicas y equitativas. Son justificaciones que también aplican allá donde, como en El Salvador, el ejercicio de este derecho es de carácter voluntario.

Las preferencias por algunos aspirantes pueden dejar fuera de la competencia a personajes que no deberían ocupar un lugar en la Asamblea. Nuestro sistema permite que se respalde al partido con un “voto entero” para que aumente la posibilidad de obtener más diputados. Al mismo tiempo se puede marcar a los candidatos del mismo instituto político que han demostrado aptitudes para el cargo y desechar a quienes continúan anclados a extremismos ideológicos; igual se puede “cruzar el voto. Si alguien se inclina por no votar pierde tanto la alternativa de descartar a los malos como la de empujar a los mejores. La ausencia veta la oportunidad de “resetear” la política.

Por otro lado, cuando solo una porción de los habilitados a votar decide hacerlo, se corre el riesgo que participen únicamente determinadas élites dejando por fuera a quienes acaso tienen evidentes carencias por su condición social y económica, para alimentar, educar y sanar a sus hijos. No es menos cierto que despreciar el voto equivale a ignorar el empeño de personas comprometidas que se esmeraron por cambiar la forma de alcanzar el poder político, pasando de los golpes militares a las elecciones con voto libre, secreto, igualitario y directo.

La resolución de votar es personal pero las secuelas de abstenerse y no incidir en la designación de los diputados y alcaldes o, en su caso, del presidente y vicepresidente de la República, pueden profundizar la crisis de gobernabilidad en un sistema.

Columnista de

El Diario de Hoy