Es de urgencia aprobar el proyecto de Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, para mejorar el procedimiento de elección de funcionarios de segundo grado.
Desde la firma de los acuerdos de paz, la integración de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional ha adquirido una dimensión trascendental para asegurar la construcción de la democracia en el país.
El avance y consolidación de principios y valores democráticos, la garantía de la pronta y cumplida justicia y el desarrollo sociopolítico de la sociedad salvadoreña, en un ambiente de administración auténtica de los preceptos constitucionales, son condiciones indispensables para impulsar y consolidar la paz social que tanto necesitamos.
Durante los últimos años, con el avance del proceso el papel protagónico, ciertamente controversial, de la Sala de lo Constitucional, se han generado visiones y posiciones encontradas respecto a tal o cual asunto. Lo importante, sin embargo, es que más allá de que podamos estar o no de acuerdo con determinados temas, se ha venido estableciendo una corriente jurisprudencial que ha permitido comprender con más claridad los asuntos constitucionales, los alcances y límites de las decisiones que afectan la vida en sociedad y sobre todo, la importancia de la separación de poderes, base fundamental de la democracia.
Por todo ello es importante que impulsemos medidas orientadas a garantizar que los funcionarios que aspiren y resulten electos a ocupar dichos cargos cumplan al menos con tres condiciones básicas:
1) Formación académica suficiente y trayectoria comprobada en el ejercicio de la profesión y de la administración de justicia.
2) Reconocida y notoria solvencia moral y respeto a las normas en la vida personal y profesional.
3) Autonomía e independencia respecto a grupos, gremios, sectores y partidos políticos.
Por tal motivo, considerando que se trata de un asunto de tanta relevancia y que estamos a las puertas de procesos de elección popular y seguidamente de elecciones de segundo grado, en mi calidad de primer presidente de la Corte Suprema de Justicia después de los acuerdos de paz, como miembro activo del gremio de abogados, como presidente de Concertación Democrática Nacional y como ciudadano preocupado por la institucionalidad y la consolidación de la democracia, insto a las fracciones legislativas de los diferentes partidos a impulsar las reformas al reglamento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que garanticen los requisitos mínimos establecidos para cargos de tal relevancia.
La garantía de cumplimiento de la Constitución constituye la base de nuestra seguridad jurídica y de la convivencia pacífica, en una sociedad que demanda el concurso de todos para su desarrollo y de sus hijos más idóneos para conducir las instituciones que representan el andamiaje jurídico institucional de la vida en democracia.
La aprobación de las reformas al Reglamento aludido contribuirá a la consolidación democrática de nuestro país.
Expresidente de la
Corte Suprema de Justicia y
presidente de Concertación
Democrática Nacional.