El conflicto de soberanía territorial en El Salvador es un problema que ha venido creciendo, trayendo de la mano el síndrome más acentuado desde entonces: las pandillas; factor crítico de desarrollo social, político y económico, que se ha mantenido durante los últimos gobiernos. Se ha incrementado la descomposición social mostrando mayores efectos negativos en el siglo XXI, el problema de seguridad nacional no encuentra una solución verdadera.
Según estudios y escandalosas noticias, las extorsiones tienen al borde del colapso a miles de empresas que se dedican a la distribución de mercadería en las comunidades y colonias de todo el país. Las amenazas a que diariamente se ven sometidos los diferentes negocios y distribuidores implican pagos entre cinco dólares a mil. Las extorsiones afectan a 9 de cada 10 empresas.
Hay otros casos en que a pesar de que se tenga al día los pagos con la pandilla, impiden que ciudadanos ingresen a las colonias dominadas, de lo contrario amenazan con asesinarlos. En 2007 empezaron a golpear las extorsiones en el país, pero el flagelo se agravó en 2016 y 2017, han evolucionado al grado que tienen todo controlado y han visto la forma en ir subiendo el cobro que comercialmente se debe pagar.
En los últimos tres años, las maras han alcanzado mayor margen de maniobra e inteligencia de la que cualquiera puede imaginar.
La recuperación del control soberano del territorio se le ha salido de las manos al actual gobierno y se ve prácticamente difícil que lo revierta. La esperanza recae en que un nuevo gobierno recupere gradualmente la presencia estatal y la autoridad de las instituciones, comenzando por aquellas zonas que se consideren estratégicas.
El mantenimiento del control estatal del territorio, una vez restablecido el control por las fuerzas de seguridad pública sobre el territorio, compuestas por el Ejército y la Policía Nacional Civil, deben mantener las condiciones de seguridad y proteger de forma efectiva a la población civil.
En la consolidación del control soberano del territorio, el Estado debe ejecutar una política integral de consolidación territorial, restableciendo el funcionamiento normal de la administración de justicia, fortaleciendo la democracia local, atendiendo las necesidades más urgentes de la población, extendiendo los servicios del Estado e iniciando proyectos productivos sostenibles de mediano y largo plazo.
No debemos perder de vista la soberanía territorial del país, debemos enfocar ideas hacia la concepción de políticas adecuadas y favorables para una autonomía de desempeño nacional que genere palpables beneficios para la sociedad. En otras palabras, los expertos en temas de políticas de seguridad pública deben reflexionar acerca de cuáles teorías se adecuan más ventajosamente al desarrollo de concepciones propias que tomen en cuenta la verdadera realidad nacional y generen acciones tendientes a la solución práctica de sus problemas y conflictos. Normalmente las relaciones del país están apoyadas en la información que se obtiene de teorías en relaciones internacionales que han sido concebidas en países desarrollados sin tener en cuenta nuestra propia problemática y nuestras propias necesidades.
Prevalece consenso de que existen dos claras prioridades en los objetivos de los estados. Por un lado, la seguridad y, por otro, el bienestar económico. Según encuestas, el actual gobierno sale mal evaluado, debido a que no se ve un claro interés en el componente de seguridad y crecimiento económico. Las dificultades económicas generan inconformismo en los ciudadanos, lo que a su vez puede incrementar el conflicto social.
Es importante que se respete la soberanía en nuestro país, y es importante porque delimita lo que no se puede hacer en el territorio, en el cual el gobierno es quien ejerce el poder y la custodia del mismo.
*Columnista de El Diario de Hoy.
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